El pilar solidario ha salvado a las AFP

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Cuando la dictadura privatizó la seguridad social en 1980, José Piñera, junto a un séquito de funcionarios esgrimieron muchos argumentos para justificar el saqueo que se hacía del patrimonio que las Cajas de Previsión mantenían en aquella época, patrimonio que se había logrado tras años de esfuerzos de los y las trabajadoras. Muchas cajas de previsión eran propietarias de importantes inmuebles, sus activos eran considerables y se hallaban invertidos de manera diversificada en lugares de esparcimiento, centros deportivos, centros clínicos, hospitales, cines, edificios, etc. todo ese patrimonio de los y las trabajadoras fue expropiado por el régimen, los incipientes grupos económicos afines a la tiranía, se apropiaron de él a precios irrisorios.

Muchas falacias se levantaron en la época:

1. Que en el nuevo sistema las tasas de reemplazo[1] serían alrededor del 70% a 80%, incluso podrían superar el 90%. A comienzo de 2023 la mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada era de 17%. Para los hombres de un 27% y para las mujeres de un 11%.
2. Que el nuevo sistema (AFP) pagaría mejores pensiones que el sistema de Reparto. A junio de este año, el Instituto de Previsión Social (IPS) que administra el antiguo sistema, pagó pensiones de vejez por un monto promedio superior en un 35%, respecto de las que pagaron las AFP.
3. Que los trabajadores pasarían a ser dueños de las grandes empresas donde invirtieran las AFP. Eso sí, negando el derecho de participación de los trabajadores en los directorios y mucho menos, participación en las utilidades que estas empresas obtuvieran y,
4. Otra gran mentira, que después de 43 años se devela como un fraude pocas veces debatido, era que el Estado nunca más distraería recursos públicos para garantizar la previsión chilena, pues, a partir de esa fecha, serían los propios trabajadores quienes autofinanciarían su vejez.

En la actualidad, de cada 100 pesos que se pagan en pensiones, las AFP y compañías de seguros pagan solo 12, los otros 88 pesos se pagan con cargo al Fisco.

El salvavidas al sistema

El año 2008 bajo la presidenta Bachelet se creó el Pilar Solidario que atendió al 60% de la población más desvalida. Nació la Pensión Básica Solidaria (PBS) que se orientó principalmente a quienes no lograron ahorrar y se complementó con el Aporte Previsional Solidario (APS), para aquellos cuya pensión obtenida en el actual sistema de capitalización individual era muy precaria.

Luego, en 2022, al final del gobierno de Sebastián Piñera se creó la Pensión Garantizada Universal (PGU), que reemplazo a la PBS y APS, se aumentó su monto y cobertura que pasó,gradualmente de un 60% a un 90%.

El Pilar Solidario, creado por la presidenta Bachelet y ampliado por el presidente Piñera se financia con impuestos generales. Ambas medidas han buscado descomprimir la presión social al sistema mediante transferencia de recursos públicos a una industria que opera bajo mecanismos privados, de lo contrario, el colapso del sistema ya se hubiese producido.

Ambos gobernantes, además, mantuvieron la discriminación que se ha hecho contra las mujeres desde la dictación del D.L. 3.500, a través de las tablas de mortalidad que las castiga por las mayores expectativas de vida. Ambos han  mantenido el requisito de entregar los beneficios solidarios a las mujeres al cumplir los 65 años y no a los 60 como estipula la ley, que es la edad de jubilación.

Para tener una idea más clara sobre el nivel precario en que se desarrolla el debate para una eventual reforma, es preciso conocer algunos datos. Actualmente la línea de la pobreza para un hogar de dos personas está en $373.256 y para un hogar de tres personas en $495.758. La PGU actualmente en $214.296. A mayo de este año las pensiones autofinanciadas que se pagaron por retiro programado (AFP) alcanzó en promedio $191.687 y a junio de este año las AFP y Cías. de Seguro pagaron 1.722.331 pensiones a un monto promedio de $287 mil. El ingreso mínimo está en $500.000.-

Con estas cifras, se apreciará el nivel paupérrimo en el que se debaten los montos de las pensiones. Todas por debajo del ingreso mínimo. Ese es el estándar, al parecer del modelo chileno.

Actualmente las AFP administran un monto superior a los US$ 185 mil millones, que equivalen aproximadamente a un 61% del PIB. Todo ese dinero es producto del aporte de los y las trabajadoras, logrado con una fracción importante de los salarios (10%) que se acumula en beneficio de la industria de las afp, que gana mucho dinero vía comisiones.

Lo más relevante, es lo que se hace con ese dinero acumulado que se destina mes a mes al mercado de capitales y por ese medio se financia a los grandes capitalistas chilenos y extranjeros a cambio de un retorno (rentabilidad) que en esta última década solo ha generado pérdidas.

Chile es el único país en el planeta que mantiene este sistema.

Bachelet y Piñera con sus reformas no tocaron a las AFP, las salvaron con recursos públicos y prorrogaron la vida del sistema de ahorro forzoso.

Gabriel Boric y el fin de las AFP

Boric prometió acabar con el actual sistema, más precisamente prometió acabar con las AFP y con el sistema de capitalización individual. En su reemplazo Gabriel Boric y su coalición declararon muchas veces ser partidarios de reestablecer la Seguridad Social fundada en un sistema de Reparto Solidario, tal como existe en la mayoría de los países desarrollados.

El tiempo ha pasado. En noviembre de 2022 Gabriel Boric anuncio su propuesta de Reforma de Pensiones que era muy esperada por los y las trabajadoras, en particular por los actuales pensionados. En su discurso incorporó un matiz no menor, presentaba su propuesta ya no como un sistema de reparto, sino como un sistema mixto, propuesta que tampoco tocaba a las AFP, pues les permitiría seguir administrado el 10% actual, aumentando ese porcentaje a un 10,5% de cargo de los trabajadores. El nuevo 6% de cotización, sería de cargo de los empleadores e iría a financiar el Seguro Social.

Aunque la propuesta era insuficiente para lograr dicho cometido, es decir, convertirse en un sistema mixto, toda vez que las AFP no desaparecerían y, el 10% que actualmente se destinan a las AFP tampoco, la verdad, daba un pequeño paso hacia el establecimiento de un Seguro Social y eso, podría ser el primero, para transitar hacia el fin del sistema privado de capitalización.

Pero, apareció Mario Marcel, el hombre de la billetera fiscal, el hombre del poder, al parecer, del verdadero poder al interior del gobierno. Marcel siempre obsesionado por fortalecer el mercado de capitales, cambió radicalmente la propuesta inicial, ya no iría el 6% al Seguro Social, sino que un 1%, solamente. Con esta ofensiva de Mario Marcel, de aprobarse en 2025, las AFP pasarían a administrar de un 10% actual a un 15,50%, algo impensado para la derecha y para las propias AFP pues recibirían como capital fresco una inyección superior a 6.500 millones de dólares anuales, que fortalecerían el mercado de capitales en beneficio de grandes capitalistas chilenos y extranjeros.

Algo impensado, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera.

Adicionalmente, en las tratativas ocultas de “negociaciones” entre Mario Marcel y un sector de la derecha se esconden peligros potenciales para las mujeres: aumentar la edad de jubilación, demanda que reiteradamente han solicitado las AFP, que incluso, también podría afectar a los hombres.

Es demasiado evidente que Estado chileno tiene una deuda inconmensurable con los trabajadores y trabajadoras. Una deuda previsional que garantice a las personas atender las contingencias en los diferentes estados de necesidad; pero, al mismo tiempo, tiene una duda moral. Ha mantenido por 43 años forzadas a las personas a ahorrar una fracción superior al 10% de sus salarios con un destino incierto.

El “ahorro” es siempre una decisión voluntaria, individual, consciente, cuyo fin está determinado por quien lo asume; es postergar consumo presente esperando un mayor y mejor momento para efectuarlo en el futuro. En Chile, sin embargo, la obligación de “ahorrar” no tiene una contrapartida que pueda traducirse en certidumbre de alcanzar una recompensa por ese ahorro, por el contrario, solo garantiza incertidumbre, pérdidas y miseria.

La deuda moral no puede permanecer eternamente. Un Estado que obliga a destinar una fracción de los salarios para mantener el ahorro nacional en condiciones de financiar a los grandes capitalistas, es absolutamente ilegitimo e inmoral y es razón más que suficiente para mantener en alto las convicciones por transformarlo, de lo contrario, la desigualdad y precariedad de la vida de millones seguirá profundizándose.

Luis Mesina

[1] Tasa de Reemplazo (TR). Es la proporción del ingreso que una persona puede reemplazar al momento de pensionarse. Por ejemplo, si ganaba en la vida activa $1.000.000 y su pensión es de $700.000 su TR es del 70%.

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