El Estado debe retomar los servicios vitales
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 8 segundos
La prolongada suspensión del suministro de energía eléctrica en gran parte del país tras los temporales de comienzos de agosto, determina que en la ciudadanía se haya instalado la idea de que este es el momento oportuno para dar inicio a un demorado proceso de nacionalización de los servicios básicos que requiere la población y que en la actualidad son entregados por empresas transnacionales.
Nacionalizar y devolver estos servicios al Estado es lo que corresponde luego de que ha quedado a la vista el descuido y la negligencia de aquellos empresarios que no respetan las condiciones de bienestar y tranquilidad que son propias de cada hogar y cada chileno. solo les preocupa acumular más dinero y más utilidades.
El extenso e inédito apagón oscureció la vida de millones de hombres y mujeres, jóvenes, adultos y tercera edad, y principalmente de muchos enfermos electrodependientes. A la vez, causó daños en artefactos electrodomésticos y hubo dueñas de casa atribuladas por la pérdida de alimentos y medicamentos mantenidos en frío, y lo propio ocurrió con pequeños comerciantes, propietarios de almacenes o negocios de barrios que sufrieron la descomposición de cantidad de mercaderías.
En determinado momento la emergencia llegó a afectar a un millón y medio de clientes, principalmente en comunas del Área Metropolitana y las regiones de Valparaíso, Bío Bío y La Araucanía. Anteriormente nunca la lluvia y el viento había causado tantos y tan devastadores estragos y ni siquiera el terremoto del 27 de febrero de 2010 había provocado tanto daño, en razón de que las instalaciones eléctricas son cada vez más precarias.
Los cortes de luz se extendieron por días y noches interminables para las familias afectadas. Al perder la paciencia por permanecer tanto tiempo en la oscuridad y viendo cómo la delincuencia se intensificaba, muchos salieron de sus casas a protestar, a través de cacerolazos y barricadas, interrumpiendo el tránsito en calles y avenidas.
Es primera vez que se registran en Chile manifestaciones callejeras masivas por un problema de este tipo. Nunca antes la población se había sentido víctima de un abuso similar por parte de quienes, apoyados en el poder del dinero, tienen el deber de entregar un servicio adecuado por el cual la gente paga un alto precio.
Las familias no vieron mayor interés de las empresas cuestionadas que no se preocuparon de enviar con rapidez cuadrillas de trabajadores para reparar los daños ocasionados por la caída de postes y árboles, como ocurrió en diversos sectores.
Se cumplieron cuatro o cinco días, en algunos casos más de una semana, con la emergencia siempre presente y quedó claro que mientras las autoridades hacían declaraciones exigiendo la normalización del servicio más claro resulta que a las empresas no les importó la nada misma lo que allí se decía, en cuanto a los anuncios sobre procesos de caducidad o el ultimátum cada 24 horas prorrogable.
Ha sido frustrante el desinterés de las transnacionales por dar una pronta solución a esta inesperada crisis. Ello contrasta con la notable eficiencia que demuestran cuando se trata de cobrar cuentas o reportan atrasos en los pagos, sobre todo en las actuales circunstancias de la vida moderna en que la electrodependencia va en aumento.
Al tratarse de empresas privadas que prestan un servicio público, éstas deben esmerarse con premura para reparar las fallas que pudieran producirse. Ello no ha ocurrido y su desidia va a la par con autoridades que no reaccionan con la prontitud esperada. En definitiva la que pierde es la gran masa ciudadana.
De las cinco transnacionales que operan en este sector, la mayor es Enel que se extiende con capitales de inversionistas italianos y que atiende el Área Metropolitana. Enel ha progresado rápidamente desde que se instaló en Chile en la primera década de este siglo, cuando absorbió a Chilectra y entre sus propiedades se encuentra también el Estadio Italiano de Santiago. Otras empresas eléctricas que están en el país son de origen chino, CGE y Chilquinta.
En la actualidad pareciera que Chile permanece atado de pies y manos, y sin respuesta para desligarse del modelo privatizador, que significa abusos y atropellos. No sirve que el ministro de Energía, Pardow hable sin mayor entusiasmo para no molestar a los dueños del dinero de una «posible participación del Estado en la distribución de servicio en un futuro cercano porque se trata de una discusión que tiene que hacerse con tiempo»… cualquiera sabe que a este gobierno el tiempo se le va a acabar luego y no se sabe hasta ahora que vaya a dejar algún legado.
Las transnacionales han sido funestas para Chile en el último medio siglo, desde su participación en el golpe de Estado del 73 y luego su integración a la sociedad chilena por especial invitación de la dictadura. Hoy las transnacionales aparecen como presuntas propietarias no solo de la energía eléctrica, sino también del agua, el gas, la telefonía, etc.
Esta vez quedó a la vista de todos la necesidad de que el Estado recupere su rol rector y retome la administración y el control de los servicios básicos fundamentales para la población, todo lo cual le fue arrebatado por el modelo neoliberal impuesto por la dictadura y corroborado por las dos derechas que le sucedieron, siempre desatendiendo de las urgencias populares.
A estas alturas es riesgoso para las mayorías que todo siga en manos privadas, ávidas de continuar enriqueciéndose. No es posible dejar a la comunidad expuesta a la irresponsabilidad y desidia de grandes grupos empresariales que solo buscan acrecentar el lucro a su favor, en desmedro de la calidad de vida de las familias chilenas.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
