Niños chilenos en los campos de concentración
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El juez titular del 26° Juzgado Civil de Santiago, don Ricardo Cortéz, acogió la demanda interpuesta contra el Estado de Chile por violación de derechos humanos, presentada por Orlando Illezca, un trabajador de las comunicaciones que actualmente reside en Suecia.
Estos abusos ocurrieron por primera vez en septiembre de 1973, cuando Illezca tenía 15 años y vivía en Coyhaique junto a su hermano de 17 años. Su padre era gobernador de Río Baker, designado por el presidente Salvador Allende.
El padre del demandante había sido militar de carrera y pidió su retiro en 1968 para apoyar la candidatura del socialista Allende. Tras el golpe de estado, Orlando Illezca fue detenido y trasladado junto a su hermano al regimiento de Coyhaique, donde su padre había servido durante muchos años.
Ambos colaboraban activamente con la radio Maniguales, que era propiedad del Partido Socialista, organización a la que pertenecía su padre. Aunque no estaban inscritos en su registro por ser menores de edad, se les acusó de participar en el fantasioso «Plan Z», que supuestamente era un intento de la Unidad Popular para atacar, capturar y asesinar a los oficiales de las Fuerzas Armadas y sus familias. Como ha quedado demostrado en múltiples procesos judiciales, este plan fue un invento de la dictadura militar, aunque la prensa de la época lo difundió como un hecho cierto.
A pesar de la fantasía de la imputación, estos dos niños y su padre, quien también fue detenido, fueron sometidos a brutales maltratos. Fueron retenidos en el gimnasio del regimiento, donde había más de 50 personas, lo cual es una cantidad significativa para una localidad que solo tenía alrededor de 20.000 habitantes.
Varios partidarios del gobierno constitucional de Allende fueron secuestrados desde allí y se encuentran desaparecidos hasta el día de hoy. Los autores de estos crímenes han sido condenados. Las personas eran sometidas a las más crueles torturas y humillaciones. Entre los oficiales que se destacaron por su crueldad se encontraba el entonces capitán Joaquín Molina, quien luego moriría a manos de un hijo del general Manuel Contreras en el marco de una borrachera sin control.
Una de las víctimas, Joaquín Real Hermosilla, publicó el libro Prisioneros de Guerra en Aysén, donde se detallan estos crímenes.
Orlando Illezca y su hermano fueron liberados a comienzos de noviembre y desde entonces sufrieron discriminación y venganza por parte de quienes se consideraban vencedores. Pocos años después, Illezca volvió a trabajar en las comunicaciones en Radio Ventisqueros, que pertenecía al Arzobispado y estaba en línea con Radio Cooperativa.
Fue detenido e intimidado en varias ocasiones por carabineros y funcionarios de la Central Nacional de Informaciones. La radio sufrió varios atentados explosivos cuyo origen la policía nunca quiso determinar, pero era claro de dónde provenían.
En la primera mitad de la década de los 80, la dictadura militar arremetió contra la incipiente prensa opositora en respuesta a la creciente oposición pública y callejera en todo el país. Así, el director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, fue encarcelado reiteradamente. El director del diario Fortín Mapocho, Jorge Lavandero, sufrió un atentado que buscaba quitarle la vida en medio de una ciudad controlada por fuerzas militares en pleno estado de sitio. El editor internacional de la revista Análisis, José Carrasco Tapia, fue acribillado a balazos.
Detenido nuevamente, Orlando Illezca debió salir al exilio y se radicó en Suecia. Una vez allí, se le incluyó en la lista de chilenos con prohibición de ingresar al país.
Ante estos hechos, Illezca, patrocinado por el abogado Roberto Ávila Toledo, recurrió a la justicia, que reiteradamente ha sostenido que estos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Así lo ratificó el 26° Juzgado Civil de Santiago, condenando una vez más a la dictadura militar por uno de sus tantos abusos.
El abogado Ávila señaló: «Han pasado muchos años, pero esto no es solo un escarmiento hacia el pasado, sino también una advertencia para aquellos que el día de mañana se crean con el derecho a vulnerar y abusar de sus propios compatriotas. La ciudadanía lo ha dicho de muchas maneras: ni perdón ni olvido».
La justicia tarda, pero llega
