Desigualdad en el acceso a la justicia en Chile denuncia informe de la ONU
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 37 segundos
La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, ha emitido un informe preocupante sobre la desigualdad de condiciones en el acceso a la justicia en Chile. En su reciente visita al país, Satterthwaite destacó que la justicia chilena sigue presentando serias disparidades que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Durante su visita de dos semanas, Satterthwaite se reunió con diversos representantes del Gobierno, el Congreso Nacional, el sistema judicial, así como con organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a personas LGBT, afrodescendientes y personas con discapacidad. La relatora escuchó de sus interlocutores, entre ellos varios jueces, que existen dos sistemas de justicia: uno para los ricos y otro para los pobres, donde la experiencia de los usuarios varía según sus medios económicos, clase social y conexiones personales.
Una justicia desigual
El informe señala que las personas con recursos económicos suficientes se benefician de un sistema judicial más eficiente, que permite una tramitación acelerada de sus causas e incluso evita penas de cárcel. En contraste, los menos afortunados se enfrentan a procedimientos prolongados y sanciones más severas. Esta desigualdad se ve agravada por la discriminación económica y racial, que obstaculiza el acceso a un trato justo para comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes.
Satterthwaite destacó la situación crítica de algunos grupos, como los inmigrantes que enfrentan la separación familiar por no poder pagar o acceder a asistencia jurídica adecuada. Asimismo, los pueblos indígenas carecen de reconocimiento constitucional y enfrentan desafíos significativos en relación con sus tierras y territorios, lo que les dificulta hacer valer sus derechos humanos básicos a través del sistema legal.
La relatora expresó su preocupación por el uso de huelgas de hambre por parte de numerosos detenidos mapuches, señalando que tales acciones deberían ser poco frecuentes en un sistema bien desarrollado y equitativo.
Problemas más allá de los más vulnerables
El informe también destaca que los problemas del sistema judicial chileno no se limitan a los más vulnerables. En una sociedad donde el uno por ciento de la población controla el 49,6 por ciento de la riqueza, incluso la clase media empobrecida enfrenta dificultades para acceder a asistencia legal debido al elevado costo de los abogados privados.
Aunque reconoció los avances realizados para superar el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, Satterthwaite expresó su consternación por la persistencia de casos de torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones sin resolver. También manifestó su preocupación por el lento progreso en los procesos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y torturas por parte de Carabineros durante el estallido social de 2019.
Además, Satterthwaite hizo referencia a las recientes acusaciones de tráfico de influencias en los nombramientos para la Corte Suprema y la Fiscalía General, subrayando la urgencia de reformar el sistema de nombramientos y garantizar servicios judiciales accesibles y de alta calidad para mejorar la confianza y legitimidad en el sistema judicial chileno.
