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Revocación de prisión preventiva de Eduardo Macaya desata indignación  y protestas frente a sede de la UDI

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En un reciente y polémico fallo, Eduardo Macaya Zentilli, condenado a seis años de prisión por cuatro delitos de abuso sexual contra menores, dejó la cárcel de Rancagua después de que la Corte de Apelaciones de la ciudad revocara su prisión preventiva. La medida había sido impuesta por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Fernando debido a un posible riesgo de fuga.

El tribunal de alzada tomó la decisión el lunes, argumentando que «la sola circunstancia de haberse comunicado la sentencia condenatoria no justifica imponer la prisión preventiva efectiva, por cuanto si bien se eleva la convicción respecto de los presupuestos materiales, ello no hace variar necesariamente la necesidad de cautela, desde que no da cuenta de un incremento en el peligro de fuga». Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de los recursos que presentará su defensa.

La decisión ha provocado indignación y ha sido vista como un ejemplo de justicia de clase y discriminatoria. Durante la tarde del lunes, una protesta se llevó a cabo frente a la sede de la UDI en Providencia. La manifestación fue liderada principalmente por mujeres de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quienes exigieron la renuncia del senador Javier Macaya.

Priscila González, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, expresó su indignación: “Desacreditar, incluso un video que las niñas grabaron, porque sabían que no les iban a creer, esto no nos extraña para nada ya que la UDI siempre ha actuado encubriendo”. Añadió, “lo que sí nos indigna es que sea el senador (Javier) Macaya el que ocupe su tribuna pública para desacreditar a las víctimas. Eso es inaceptable”.




La situación plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial chileno y su tratamiento de los casos de abuso sexual, especialmente cuando involucran a individuos con conexiones políticas y sociales influyentes. La reacción pública y las protestas subrayan la demanda de una justicia equitativa y la necesidad de proteger y respetar a las víctimas, independientemente de las circunstancias o del poder de los involucrados

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