Voto obligatorio y extranjeros
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 41 segundos
El gobierno debe enviar a la brevedad un veto a lo aprobado en el parlamento en materia de voto obligatorio -cuyo incumplimiento quedó sin sanción por decisión de la Cámara- con una penalidad que no debe ser en todo caso pecuniariamente onerosa. E incluir a todos los habilitados para votar, cualquiera sea su nacionalidad si cuentan con una residencia en el país de al menos 5 años.
Aquí caben dos preguntas: ¿se cree o no en la obligación cívica de votar como parte de la participación ciudadana y la educación para la democracia, lo que no coarta libertad alguna pues siempre se puede votar blanco o nulo? ¿Se valora o no la integración positiva de los migrantes que vienen a aportar y a mejorar su condición de vida o, en su caso, a buscar refugio?
Me cuento entre los que se opuso al voto voluntario, sostenido fervientemente por los nuevos aires juveniles reacios a las obligaciones cívicas, que empezó a regir en el año 2010 y hasta la segunda vuelta presidencial de 2021. Y entre los que apoyó que se restableciera en 2023, aunque los que no votaban resultaron ser más conservadores que el resto y fueron decisivos en rechazar la propuesta constitucional de 2022. Esta hubiera cambiado positivamente nuestra democracia, aunque al ser elegida por voto voluntario fue redactada por una representación parcial del país con ribetes programáticos inadecuados para una constitución que fueron acumulando adversarios hasta llevar a su derrota.
Hoy, equivocan el camino los que se dedican a triquiñuelas motivadas por el pequeño cálculo electoral haciendo voluntario el voto de extranjeros, mientras algunos proponer volver atrás en su derecho a voto, sin considerar que los habilitados a votar son solo los avecindados por más de 5 años, los que de todas maneras podrían optar por la nacionalidad chilena. Y olvidan que solo se podrá aspirar en el largo plazo a vivir en una sociedad basada en una convivencia equitativa y en la que toda la ciudadanía sea tratada con respeto y consideración, si se construye pacientemente mayorías en una democracia con reglas universales para consolidar la igualdad ante la ley y la igualdad efectiva de derechos y oportunidades.
Los extranjeros con cinco años de residencia votan en Chile desde 1988 y a nivel municipal desde 1925. También pueden hacerlo para las autoridades nacionales en Uruguay y Ecuador. Tal vez los que redactaron entonces las constituciones en Chile pensaban en migrantes europeos, que no objetaban, con un cierto dejo racista. El Chile actual tiene que pensar en una lógica de no discriminación hacia los que contribuyen con el país y pagan impuestos. ¿Por qué no podrían decidir quién gobierna y legisla, en qué y cómo se gastan esos impuestos que pagan, si viven aquí de manera permanente, cualquiera sea su origen?
No se debe olvidar que Chile lo construyeron personas como Bernardo O’Higgins, hijo de irlandés o como Andrés Bello, venezolano, y muchos otros migrantes de los más diversos orígenes. Y que incluso los pueblos originarios vinieron en algún momento en el tiempo histórico de otras partes del mundo. No hay tal cosa como «chilenos puros»: todos somos migrantes, solo que de distintas generaciones.
El origen de la masiva ola migratoria reciente desde Venezuela fue el llamado del gobierno de Piñera para venir a Chile, basado en una motivación electoral, que supone que los migrantes son conservadores. Piñera declaró que «Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile«, mientras el ministro Pablo Longueira llegó a decir “vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!” y la ministra Cecilia Pérez que se seguiría recibiendo migración venezolana «hasta que el país lo resista».
Entre tanto, han aumentado los ajustes de cuenta violentos entre bandas transnacionales del delito y se ha creado una amplia alarma pública, manipulada hasta el cansancio por los opositores al actual gobierno y sus medios. La actitud responsable es que el Estado de Chile haga todo lo necesario para que la migración se produzca por cauces legales, controlando con eficacia todas las vías de la inmigración irregular, en alguna medida favorecida por países vecinos que buscan desentenderse del problema, y reprimiendo con energía las redes que trafican con ella. Esto incluye señalar con total claridad que los que definitivamente no tienen cabida como ciudadanos en Chile son los criminales, de la nacionalidad que sea. Ninguno debe ser admitido y, llegado el caso, ser encarcelado bajo aislamiento efectivo y expulsado al país de origen cada vez que sea factible.
Pero una postura firme en la materia nunca debe confundirse con la xenofobia, que es siempre una respuesta fácil y sin fundamento alguno frente a las dificultades de distinta índole en que vive la mayoría social, las que no están causadas por los extranjeros sino por el modelo económico-social vigente en el país y por el inmovilismo de la instituciones.
Gonzalo Martner
Síguenos:
1
0
20
