Tribunal decreta arresto domiciliario para Eduardo Macaya pese a la gravedad de los delitos de abuso sexual

En una resolución que ha generado controversia, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando decidió mantener el arresto domiciliario total como medida cautelar para Eduardo Macaya Zentilli, a pesar de la gravedad de los delitos por los que fue declarado culpable. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, considerando la naturaleza de los crímenes.

 Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya (UDI), fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual contra menores de edad, ocurridos en 2021 en la comuna de Placilla. Estos delitos, de carácter reiterado, involucraron a una misma víctima menor de 14 años, y se desarrollaron en fechas indeterminadas pero dentro del mismo día. En contraste, Macaya Zentilli fue absuelto de otros dos hechos similares que habían sido parte de la acusación del Ministerio Público.

En la audiencia, el tribunal, compuesto por la magistrada Marisol López Machuca y el juez José Antonio Ruiz Stanke, resolvió de manera unánime condenar a Macaya Zentilli por los delitos consumados de abuso sexual. Para llegar a esta resolución, se tuvo en cuenta el conjunto de pruebas aportadas y la declaración del acusado, aplicando criterios de sana crítica. Sin embargo, el tribunal no encontró suficientes pruebas para sustentar las acusaciones en otros dos hechos imputados, resultando en su absolución parcial.

El tribunal decidió mantener las medidas cautelares impuestas desde 2023: arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional. La sentencia condenatoria será conocida el próximo viernes 19 de julio, en el mismo tribunal de la región de O’Higgins. La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins ha solicitado una pena total de 12 años de cárcel para Macaya Zentilli por los delitos cometidos.

Esta decisión ha suscitado críticas, dado que la medida de arresto domiciliario es vista como insuficiente frente a la gravedad de los delitos confirmados. La comunidad y los observadores legales siguen de cerca el caso, a la espera de la sentencia definitiva y las posibles repercusiones judiciales y sociales.