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Operativo del GOPE en Villa Francia: Defensa criticó la falta de evidencias presentadas por el Ministerio Público

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El 7 de julio pasado, durante un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, se allanaron el Comedor Popular Luisa Toledo y la Radio Villa Francia, además de realizarse allanamientos selectivos en domicilios de la Villa Francia y otros sectores de Santiago. El operativo resultó en la detención de 13 personas acusadas de infringir la Ley de Control de Armas. Sin embargo, en la audiencia de control de detención, solo tres de los detenidos quedaron con medidas cautelares: uno en prisión preventiva, otro con arresto domiciliario nocturno y el tercero con arraigo nacional. En cuanto a los nueve detenidos restantes, se declaró ilegal su detención y en la misma audiencia se desvirtuaron las supuestas pruebas presentadas por Carabineros.

Este martes 9 de julio, la abogada María Magdalena Rivera, defensora popular y representante de uno de los detenidos, hizo declaraciones sobre la situación. Rivera expresó su conformidad con los alegatos presentados durante la apelación realizada por el fiscal, destacando que la defensa realizó una labor adecuada. Sin embargo, mencionó su sorpresa ante la aparición de nuevos detalles por parte del Ministerio Público, detalles que no estuvieron presentes durante el control de detención inicial.

Rivera criticó la falta de evidencias presentadas por el Ministerio Público, considerando la tecnología disponible en el siglo XXI. Señaló que, a pesar de haber iniciado la investigación en diciembre de 2023, no contaban con grabaciones o fotografías que respaldaran sus acusaciones. En su réplica ante la corte, Rivera subrayó la importancia de la conmemoración de la muerte de la dirigente social histórica Luisa Toledo, destacando que los preparativos de esta actividad incluían una romería, discursos y una olla común, todos grabados por los participantes.

Rivera cuestionó la falta de evidencias visuales por parte del Ministerio Público, considerando que los vecinos de Villa Francia y las personas solidarias grabaron todas las actividades. Esto contrasta con la ausencia de grabaciones o fotografías por parte de las autoridades. La abogada solicitó a la corte que confirmara la resolución del juzgado de garantía, argumentando que no había indicios mínimos para vincular a los nueve detenidos con la tenencia o porte de armas.




Además, Rivera enfatizó la obligación del Estado de garantizar los derechos de los imputados, recordando la presunción de inocencia como una garantía constitucional y valorada en tratados internacionales vigentes por el Estado chileno. Destacó que durante el allanamiento en la Radio Villa Francia, solo dos funcionarios del GOPE ingresaron y sus declaraciones no proporcionaron pruebas concluyentes. Según Rivera, los funcionarios solo mencionaron la presencia de un bolso cerrado que supuestamente contenía armas, lo cual no es suficiente para decretar una prisión preventiva.

La abogada también resaltó la falta de fundamentos para decretar medidas cautelares, ya que la jueza de garantía no encontró pruebas suficientes para ello. Rivera expresó su esperanza de que la corte resuelva en derecho y libere a los nueve detenidos, señalando que están ante una teoría de montaje y no ante una discusión política. Recordó que la Constitución chilena garantiza la presunción de inocencia, un derecho fundamental que debe ser respetado.

Rivera explicó que ninguno de los detenidos vivía en Villa Francia y que todos tenían explicaciones coherentes para estar en las dependencias de la radio esa noche. Algunos estaban allí por la conmemoración de Luisa Toledo, otros ayudaban a preparar la actividad del domingo y algunos simplemente visitaban a amigos. En un espacio comunitario como la Radio Villa Francia, no es extraño encontrar colchones y colchonetas, ya que se realizan actividades solidarias y comunitarias que requieren alojamiento temporal.

Ante la posibilidad de una resolución contraria a sus expectativas, Rivera indicó que seguirán peleando para revisar las medidas cautelares de prisión preventiva, en caso de que se mantengan. La abogada expresó su preocupación por el peligro inminente de que cualquier persona pueda verse involucrada en un delito sin tener idea de ello, solo por estar presente en un lugar o evento comunitario.

Rivera y su equipo de defensa esperan la resolución de la corte, programada para las 14:00 horas de este martes. Mientras tanto, se preparan para continuar su lucha en defensa de los derechos de los detenidos y la presunción de inocencia, fundamentales en un estado de derecho.

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