La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ha aprobado la extradición de tres ex militares chilenos a Italia, donde han sido condenados a cadena perpetua por su responsabilidad en las torturas, desaparición y ejecución de ciudadanos italo-chilenos durante el Plan Cóndor en la década de 1970.
El tribunal autorizó la extradición de los ex agentes Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chahuán para que cumplan la pena impuesta por el homicidio de Omar Roberto Venturelli Leonelli, un ex sacerdote y militante del MIR detenido el 25 de septiembre de 1973. Pedro Espinoza Bravo también será extraditado por su responsabilidad en el homicidio de Juan Bosco Maino Canales, un militante del MAPU y estudiante detenido el 26 de mayo de 1976. Sin embargo, se rechazó su extradición por el crimen de Jaime Donato Avendaño, ya que fue condenado en Chile por los mismos hechos.
Los tres militares tienen procesos pendientes en Chile, por lo que se aplicará la entrega diferida. Esto significa que la extradición no los eximirá de las responsabilidades penales en su país natal. Se mantendrán las medidas cautelares de arraigo nacional para los condenados y arresto domiciliario total para Manuel Vásquez Chahuán, quien fue condenado en junio pasado en otra causa. Orlando Moreno Vásquez y Pedro Espinoza Bravo están cumpliendo condenas en el penal de Punta Peuco.
El abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, que representa a la hija de una de las víctimas, Juan José Montiglio Murúa, destacó la importancia de la decisión de la Corte Suprema, afirmando que «reafirma la universalidad de los derechos humanos al conceder la extradición por crímenes de lesa humanidad». Bustos añadió que esta decisión continúa una línea histórica de cooperación internacional contra la impunidad y que recibirá elogios tanto en Chile como a nivel mundial.
El Plan Cóndor, una operación de coordinación de represión entre dictaduras sudamericanas, ha sido objeto de numerosos juicios y solicitudes de extradición. En 1998, tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, se iniciaron varios juicios en Europa, incluyendo uno en Roma que investigó crímenes de lesa humanidad perpetrados contra víctimas italianas en Chile, Brasil y Uruguay. En 2023, la Corte Suprema italiana condenó a cadena perpetua a 24 genocidas latinoamericanos involucrados en el Plan Cóndor, iniciando así el proceso de extradición.
Entre los condenados chilenos requeridos por la justicia italiana se encuentran Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza y Rafael Francisco Ahumada Valderrama. Ahumada Valderrama fue sobreseído por demencia y Carlos Luco y Daniel Aguirre fallecieron en 2022 y 2023 respectivamente.
La ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema chilena emitió un fallo de primera instancia en diciembre de 2023, aprobando la extradición de los requeridos. Esta sentencia fue ratificada en todas sus partes por la Segunda Sala Penal del máximo tribunal
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Si esta decisión de la Corte Suprema se implementa, los criminales extraditados no irán en Italia a ningún penal de tres estrellas como en Chile.