La rentabilidad parasitaria de las AFP

Un estudio encargado por el Centro de Competencia de la UAI al economista Salvador Valdés concluye que las altas comisiones que cobran las AFP les permiten obtener una rentabilidad superior a la de casi cualquier otra actividad privada (tal vez con la sola excepción de la minería en los yacimientos más productivos). Según sus cálculos, la rentabilidad sobre patrimonio de las AFP triplica la de la banca. El retorno sobre activos de los accionistas y acreedores alcanzó un 33,3% en 2017-2022, a comparar con el promedio de 12,5% de las empresas grandes y medianas. Solo en Chile ocurre que en tres años se pueda recuperar la inversión en una actividad de seguridad social, basada en cotizaciones obligatorias de los que trabajan impuestas por el Estado. Es el llamado «modelo chileno» en acción, en realidad un capitalismo rentista que permite construir posiciones dominantes ultra-concentradas, las que en este caso abusan de los usuarios del sistema de pensiones.

 

En efecto, el monto de las comisiones cobradas a los usuarios alcanza a US$754 millones anuales, según los datos de 2023 recopilados por Valdés. La inercia de los afiliados -que suelen no cambiarse a la AFP con menor comisión, en un caso en el que la competencia no funciona con señales de precios como teóricamente debiera según los textos convencionales de economía- es una barrera a la entrada para nuevos competidores. Ésta podría reducirse, en opinión de Valdés, licitando periódicamente una parte de la cartera de cotizantes, lo que, conjetura, llevaría a disminuir la comisión promedio a la mitad. Dicho de otro modo, hoy se cobra en beneficio de las AFP el doble de lo que se debiera cobrar.

 

El proyecto del gobierno propone, por su parte, establecer un recaudador único de las cotizaciones que baje los costos para los afiliados (incluyendo los de publicidad y ventas, que no crean valor alguno) y sea de cargo fiscal. Además, propone aumentar el número y variedad de agentes inversores privados y públicos de los fondos de pensiones, a disposición de la decisión de cada afiliado, con una función que no incluiría la de recaudar y que disminuiría las barreras a la entrada en un mercado oligopólico de muy pocos actores.

 

El objetivo gubernamental es terminar con las utilidades excesivas. El nuevo esquema, dicho sea de paso, podría incorporar el sistema de licitaciones periódicas propuesto por Valdés, y así evitar la persistencia de la inercia frente a ofertas con menores costos en el nuevo servicio competitivo de inversión.

 

El gobierno también propone que la cotización adicional de 6% que prevé establecer la reforma de pensiones complemente en parte las cuentas individuales, pero en este caso alimentadas por un fondo de inversión colectiva, y también ayude a compensar los menores salarios y tiempos de cotización de las mujeres, junto a financiar un aumento de las pensiones actuales con un aporte adicional parejo de 3 UF a cada jubilado. Este factor de solidaridad se sumaría a la pensión garantizada financiada por impuestos que cubre al 90% de los mayores de 65 años, mejorando la tasa de reemplazo del último salario por la pensión. Cabe recalcar que el 6% de cotización adicional sería de cargo del empleador y no del trabajador, que mantendría la cotización para capitalización individual de 10% de su salario bruto, con un tope, más el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia destinado a mantener ingresos de los trabajadores que se accidentan o enferman, y de sus entornos en caso de fallecimiento.

 

Este es un esquema de reforma moderada, que no es radical como podría ser postular un sistema de reparto para la cotización del 10% -similar al que existe en Estados Unidos y en muchos otros países- pero que la derecha sigue bloqueando en el parlamento. Lo que propone la derecha es que todo, o lo principal, siga en manos de las AFP, pero ahora en un esquema expandido al incluir la cotización adicional, lo que aumentaría sus utilidades parasitarias. Una vez más, este es un caso notorio de preservación de intereses creados altamente concentrados originados en las imposiciones de la dictadura militar. Éstos mantienen inexorablemente una alta influencia en el sistema político, como también ocurre con los seguros privados de salud, las concesiones mineras y pesqueras y la actividad forestal en territorio mapuche, cuya defensa con argumentos usualmente falaces, hasta ahora exitosa, reúne a un cierto espectro no demasiado involucrado con el interés general.

 

 

Gonzalo Martner