Codelco, Enami y Quiborax lideran la carga para la explotación de salares en el norte de Chile

Introducción

En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL), diversas empresas nacionales y transnacionales están preparándose para la explotación de los salares en los humedales altoandinos del norte de Chile. Un reciente informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destaca a Codelco, Enami y Quiborax como algunas de las principales compañías que buscan aprovechar esta oportunidad. Según datos del Gobierno, al menos 50 empresas y consorcios de 10 países han manifestado interés en desarrollar proyectos de exploración y explotación en estos ecosistemas, reflejando el creciente apetito por el litio en la región.

 

La implementación de la Estrategia Nacional del Litio (ENL) no deja de correr, y eso bien lo saben las empresas nacionales y transnacionales. Reflejo de aquello, son los resultados de la convocatoria realizada por el Gobierno para conocer qué interés existe para desarrollar proyectos de exploración y explotación de los humedales altoandinos del norte de Chile, donde acorde a cifras del Ejecutivo se presentaron al menos 80 manifestaciones de interés de parte de 50 empresas y consorcios provenientes de 10 países.

Las decenas de empresas recibirían este 9 de julio los detalles respectivos para avanzar en los mecanismos de asignación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), siendo estos un elemento crucial para desarrollar la explotación de los salares. Sin embargo, una carrera paralela se está desarrollando.

Recientemente, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA solicitamos vía transparencia aquellos CEOL que están entregados y en trámite (ingresados) hasta mayo de 2024. En su respuesta, el Ministerio de Minería envió un breve cuadro donde sistematizó la información en cuestión, señalando que son al menos siete ecosistemas como objeto de explotación.

En el caso del Salar de Maricunga, existe un CEOL suscrito para la empresa Maricunga Litio SpA. Acorde a registros públicos, la cual correspondería a una de las tres empresas constituidas por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) para la implementación de la Estrategia Nacional del Litio.

Por otro lado, la región de Atacama cuenta con otros cinco ecosistemas en amenaza de ser explotados o explorados. Estos son los Salares de Aguilar, Infieles, Las Parinas, Grande y La Isla, cuya solicitud para obtener CEOL se encuentra en trámite y a nombre de Enami Litio SpA, la cual responde a la Empresa Nacional de Minería.

En tercer lugar, como única solicitud en estado de “ingresada” se encuentra la zona geográfica de la Planta El Águila en la región de Arica a nombre de la empresa Quiborax S.A., la misma que extrae ulexita desde el Salar de Surire y que pretende extraer litio desde los «materiales de descarte» de su faena minera, extrayéndola de ripios de boro. Esta extracción cuenta con la luz verde de la Comisión de Energía Nuclear, que anteriormente autorizó el desarrollo de pruebas de procesamiento de litio en ripios para poder determinar si es favorable o no técnicamente su explotación. En tanto, el CEOL aún se encuentra en análisis.

Recientemente, la misma empresa ha sido profundamente cuestionada tras una filtración de correos donde se revela que existió una coordinación con trabajadores de Conaf para flexibilizar la explotación del ecosistema. Por otro lado, la Superintendencia de Medio Ambiente desarrolló una investigación contra la misma empresa minera luego que se denunciara ante el organismo la elusión de evaluación ambiental. Esto, luego que Conaf determinara el incumplimiento de restricciones ambientales en el Salar de Surire, catalogado como monumento natural. El hecho llevó recientemente al Consejo de Defensa del Estado a presentar una demanda contra la empresa por daño ambiental al ecosistema.

Así las cosas, tras la firma del acuerdo entre SQM y Codelco -pilar fundamental y prioritario para la Estrategia Nacional del Litio-, pareciera ser que no existen mayores impedimentos legales o técnicos para que el Gobierno facilite la entrega de CEOL a empresas que cuenten con causas legales pendientes con el Estado (como lo es el caso de Quirobax) o con un cuestionado historial respecto a afectaciones a ecosistemas y comunidades. Por el contrario, la “virtuosa colaboración público-privada” de la que tanto han hecho gárgaras desde el empresariado y el Ejecutivo, facilita el actuar impune de estas empresas, cuando lo justo debería ser que capitales, en esa condición, ni siquiera puedan calificar para postular a dichos contratos.