Justicia ordena indemnización a hombre acusado injustamente de abuso sexual infantil
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 5 segundos
El Tercer Juzgado Civil de Valparaíso ha emitido un fallo en primer grado que ordena al Estado de Chile indemnizar a Bernardo Solís Labrín y su familia por daño moral, tras ser acusado erróneamente de abuso sexual infantil y sustracción de menor. El caso, que conmocionó a la comunidad, ha concluido con una reparación económica para Solís y sus allegados.
La jueza María José Naranjo dictaminó que el fisco debe pagar 12 millones de pesos a Bernardo Solís, además de 7 millones a su cónyuge y 4 millones a cada uno de sus tres hijos. La decisión se basa en la consideración de que Solís sufrió un daño significativo al estar privado de libertad y enfrentarse a una acusación grave, lo cual también afectó profundamente a su familia.
Bernardo Solís Labrín, quien tenía 72 años al momento de los hechos, trabajaba como chofer de una línea de colectivos en Villa Alemana. El 2 de agosto de 2017, el Ministerio Público lo formalizó como presunto responsable de retener a una niña de 13 años y abusar sexualmente de ella en su vehículo. Solís pasó ocho días en prisión preventiva hasta que la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la medida, al no encontrar suficientes evidencias para sostener la acusación. Finalmente, el 14 de noviembre de 2017, se decretó su sobreseimiento definitivo.
«Conductas Injustificadamente Erróneas o Arbitrarias»
El abogado Freddy Henríquez Celedón, del Estudio Caucoto Abogados, representó a Bernardo Solís y su familia. Henríquez expresó su satisfacción con el fallo, resaltando que pudieron demostrar los errores y vicios en los que incurrió el Ministerio Público. La demanda presentada en abril de 2021 contra el fisco por daños y perjuicios fue acogida, estableciendo un precedente importante.
Henríquez enfatizó que «el órgano persecutor no puede cometer errores graves, exentos de justificación, sin fundamento racional, sin explicación lógica. Y si lo hace, debe responder de acuerdo al régimen especial de Responsabilidad del Estado». Señaló que tales errores dinamitan la confianza en las instituciones y afectan la esencia de la democracia.
Investigación viciada
El fallo detalla varias irregularidades en la investigación del Ministerio Público. La detención de Solís se llevó a cabo a pesar de que la descripción inicial de la víctima no correspondía con él. Además, se encontraron inconsistencias significativas en las declaraciones y las pruebas presentadas. La menor describió a su agresor como un hombre de entre 50 y 55 años, de contextura gruesa y con cabello negro, mientras que Solís tenía 72 años y una contextura delgada. La víctima también mencionó que el vehículo del agresor tenía cierre centralizado, característica que no correspondía al auto de Solís.
Las pericias y las imágenes de cámaras de seguridad no fueron concluyentes. Además, la Fiscalía tardó 36 días en solicitar las grabaciones de las cámaras municipales, las cuales ya no estaban disponibles. Fue la familia de Solís quien aportó grabaciones relevantes al caso. Según la defensa, desde el inicio de la investigación había suficiente evidencia para descartar a Solís como sospechoso, pero la Fiscalía optó por ajustar la denuncia de manera irracional y arbitraria.
La defensa también señaló que la detención de Solís se realizó bajo pretextos engañosos, sin permitirle comunicarse con su familia y sin tomarle declaración. Todo esto contribuyó a un trato injusto y una investigación parcial.
El fallo del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso es un paso importante hacia la reparación de Bernardo Solís y su familia, estableciendo una responsabilidad clara del Estado frente a errores judiciales graves. Este caso subraya la necesidad de rigor y justicia en las investigaciones para evitar que personas inocentes sufran consecuencias devastadoras.
