Despenalización del aborto voluntario: Una urgencia inaplazable en Chile

Hace un mes, el presidente Gabriel Boric se comprometió a presentar un proyecto de ley para ampliar el aborto legal en Chile. Amnistía Internacional reitera que el Estado debe despenalizar el aborto voluntario en todas las circunstancias y garantizar el acceso efectivo al mismo para revertir la deuda histórica con miles de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas.

Actualmente, el marco legal chileno solo permite excepciones a la criminalización del aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante, es resultado de una violación o por inviabilidad fetal. En cualquier otra circunstancia, el aborto sigue siendo delito.

“Las causales fueron un piso mínimo de protección para la vida de mujeres y niñas; pero la mayoría de los abortos siguen ocurriendo en condiciones inseguras. Es crucial que el Estado chileno respete y garantice nuestra autonomía reproductiva plenamente, sin imposiciones ni restricciones”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las estimaciones indican que anualmente se practican entre 30 mil y 150 mil abortos inseguros en Chile debido a las restricciones legales vigentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte y morbilidad materna.

La prohibición no reduce los abortos, solo genera un entorno clandestino que pone en riesgo la vida de las personas embarazadas y las expone a la criminalización. En 2023, medio centenar de personas enfrentaron causas penales por aborto en Chile. Este impacto es más severo para quienes padecen desigualdades estructurales, como las mujeres indígenas, personas LGBTIQA+, migrantes, refugiadas, con menos ingresos o que viven en entornos rurales.

Por el contrario, la despenalización y regulación del aborto salva vidas y garantiza derechos. En Argentina, las muertes relacionadas con abortos inseguros se redujeron en un 53% desde que se aprobó la ley que lo reguló como un derecho en 2020.

El debate sobre el proyecto de aborto legal en Chile debe conducirse junto a organizaciones feministas expertas, con base en evidencia y un enfoque de derechos humanos. Actualmente, la mayoría de quienes acceden a la interrupción del embarazo por violación son niñas de 13 años. Además, casi la mitad de los médicos obstetras de los hospitales públicos que practican abortos niegan el servicio por motivos de conciencia en casos de violencia sexual. La falta de información, capacitación y el costo económico limitan aún más el acceso al aborto seguro bajo las causales permitidas.

“Es deber del Estado resolver esta demanda histórica de organizaciones feministas y de derechos humanos, que tiene como único objetivo garantizar la integridad y autonomía de mujeres, niñas y personas que gestan embarazos no deseados o que ponen en riesgo sus vidas. Esperamos que este anuncio del Gobierno de Chile se materialice en una propuesta y discusión que ponga al centro los hechos, cifras y derechos”, dijo Bernardita Boock, Presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile.

El aborto es un derecho humano, y el Estado debe garantizar las condiciones para que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos sexuales y reproductivos. Esto incluye combatir el estigma contra el aborto, fortalecer la educación sexual integral, permitir, abastecer y acompañar la interrupción segura con medicamentos, y garantizar recursos materiales y de personal para realizar el procedimiento en todas las regiones del país