Comisión Chilena de Derechos Humanos cuestiona actuación del Ministerio Público y Poder Judicial
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En una reciente declaración pública, la Comisión Chilena de Derechos Humanos ha manifestado su profunda preocupación por la conducta del Ministerio Público y del Poder Judicial en Chile. En abril pasado, la Comisión ya había emitido una declaración criticando la falta de diligencia e imparcialidad en las investigaciones judiciales por parte del Ministerio Público, señalando el bajo número de formalizados en casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2023/2024.
La Comisión ha reiterado su preocupación, destacando el desconocimiento y la vulneración de principios constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional. Critica especialmente la proporcionalidad y necesidad de las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, y cuestiona la objetividad de las investigaciones penales, señalando prácticas inaceptables en un Estado de Derecho.
El organismo recordó que entre 2000 y 2005, Chile adoptó un nuevo procedimiento penal alineado con los estándares internacionales de derechos humanos, buscando una justicia más humana e imparcial. No obstante, la Comisión denuncia que ciertos fiscales y tribunales han utilizado de manera indebida los instrumentos persecutorios, en un contexto de politización de la justicia y presuntos indicios de «Lawfare».
La Comisión se refirió específicamente al caso del Alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, señalando que en su proceso judicial se han transgredido normas legales y constitucionales, así como principios del derecho internacional de derechos humanos. Destaca que la fiscalía ha vulnerado el principio de objetividad de la investigación y critica la imposición de medidas restrictivas de libertad sin los fundamentos necesarios.
La Comisión concluyó que el uso indebido de medidas cautelares y la politización de la justicia debilitan la legitimidad de las instituciones y socavan la confianza de la ciudadanía. Reitera la necesidad urgente de que estas instituciones respeten el ordenamiento jurídico vigente para establecer una sociedad democrática basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, lo que permitirá garantizar la paz social anhelada.
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