Triunfo para los Derechos Humanos: Corte Suprema decide mantener el Caso Conscriptos en la justicia ordinaria

La Corte Suprema de Chile ha tomado una decisión crucial en la lucha por los derechos humanos al mantener en la justicia ordinaria el Caso Conscriptos. Esta resolución ha sido valorada positivamente por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, quien expresó que «este es un triunfo para los derechos humanos y el pueblo de Chile, que está hoy más protegido que ayer ante los abusos de la autoridad».

La resolución del máximo tribunal abordó la contienda de competencia entre la ministra en visita Jenny Book y el Juzgado de Garantía de Arica. La investigación se centra en la muerte del conscripto Franco Vargas y los abusos sufridos por sus compañeros durante su servicio militar en Putre. De manera unánime, los ministros Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Juan Carlos Ferrada, determinaron que estos hechos no son de competencia de la justicia militar debido a su «naturaleza jurídica», y por tanto deben ser conocidos por la justicia ordinaria.

Contienda de competencia

El fallo subraya que el Caso Conscriptos se originó a partir de las querellas interpuestas por el INDH en Arica. La primera querella denuncia las vulneraciones sufridas por un grupo de jóvenes conscriptos durante una instrucción militar en Pacollo, mientras que la segunda aborda la muerte de Franco Vargas en los mismos ejercicios. Las querellas relatan agresiones e insultos dirigidos a las víctimas durante el procedimiento militar.

Después de la presentación de estas querellas, tanto el INDH como otros intervinientes en la causa solicitaron que el caso se mantuviera en la justicia ordinaria. El 14 de mayo, el Juzgado de Garantía de Arica acogió estas solicitudes, creando así la contienda de competencia. El juez Juan Araya Contreras fundamentó su decisión citando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne contra el Estado de Chile, que ordena limitar el alcance de la justicia militar.

Protección y dignidad para las víctimas

La decisión de la Corte Suprema destaca que los hechos denunciados, si se comprueban, podrían constituir tratos crueles y otros ilícitos incluidos en el catálogo de delitos contra los derechos humanos, según lo establecido en la Constitución Política vigente en Chile. Este contexto refuerza la obligación del Estado de garantizar una justicia imparcial.

Consuelo Contreras, al conocer el fallo, enfatizó la importancia de la decisión unánime tomada por los cinco ministros que integraron la sala. «Esta decisión se alinea con la obligación del Estado de proporcionar una justicia imparcial y es coherente con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», afirmó. Añadió que esta resolución otorga «mayor protección y dignidad a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile», permitiendo que los conscriptos afectados y la madre de Franco Vargas puedan acceder a una justicia imparcial en la que jueces, fiscales y defensores busquen la verdad y la justicia