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Tres diputados de oposición ingresan 211 indicaciones a la nueva ley de Pesca copiadas de un informe de la industria

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La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados comenzó recientemente el debate sobre las indicaciones de la nueva Ley de Pesca, un proyecto presentado por el gobierno a finales de 2023. Esta iniciativa tiene dos objetivos principales: establecer nuevas bases legales para el sector pesquero y sanear el proceso legislativo que originó la ley vigente. La ley actual está marcada por opacas relaciones entre empresas del sector y algunos legisladores, culminando con la condena del exsenador Jaime Orpis por fraude al fisco y cohecho, uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años. En ese mismo caso, el exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, fue condenado a pena remitida en 2018 por delitos tributarios y soborno.

Aunque el debate del proyecto recién ha comenzado, ya se han detectado indicios de una posible influencia del sector privado en la discusión parlamentaria. Según una investigación de CIPER, el 76% de las indicaciones presentadas por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) son copias exactas de un informe que la gremial empresarial Sonapesca puso a disposición de la Comisión el pasado 2 de mayo. El informe, titulado “Informe Técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21”, fue elaborado por la consultora Acuiestudios y desmenuzó la propuesta del gobierno, planteando cambios a la mayoría de sus artículos.

El Informe de Sonapesca

El informe de Sonapesca, de más de 200 páginas, fue preparado por la consultora Acuiestudios. Una de las autoras del informe fue la abogada Jéssica Fuentes, exfuncionaria de la Subsecretaría de Pesca durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se gestó la controvertida ley anterior. En total, los diputados Bobadilla, Moreira y Berger presentaron 276 indicaciones. De estas, 211 son exactamente iguales a las de Sonapesca y otras 41 presentan leves diferencias de redacción con el documento de la gremial.

Este hallazgo ha generado preocupación sobre la transparencia y la independencia del proceso legislativo. La implicación de que un informe empresarial influencie de manera tan directa las indicaciones presentadas por los diputados plantea serias dudas sobre la autonomía de los legisladores y la posible repetición de las prácticas que llevaron a la corrupción en la elaboración de la ley vigente.

Inicialmente, las indicaciones también llevaban la firma del diputado Eric Aedo (DC), quien posteriormente decidió retirar su apoyo. Aedo explicó a CIPER que, tras suscribir las indicaciones, reconsideró su posición y decidió no respaldarlas.

La nueva Ley de Pesca busca no solo actualizar el marco legal del sector, sino también limpiar el proceso legislativo de influencias indebidas. La ley vigente fue producto de un proceso marcado por la corrupción y la falta de transparencia, algo que el actual gobierno pretende corregir con esta nueva iniciativa.

«Esto es gravísimo. Los diputados Bobadilla (UDI), Moreira (UDI) y Berger (RN), presentaron 211 indicaciones que son un copy paste de un informe de Sonapesca, gremial que agrupa a la gran pesca industrial. No toleraremos que se repita la historia de la Ley Longueira. Hemos solicitado enviar antecedentes a Fiscalía, a comisión de ética y suspender la votación de la ley mientras no se aclare esta situación», escribió en X el diputado Diego Ibáñez.

En tanto Daniella Cicardini, también integrante de la comisión, dijo: «Creo que acá, una vez más, se genera una mancha en la historia del Congreso que nosotros tenemos que evitar y tenemos que subsanar y ver cómo salimos adelante con lo que nos ha pedido la ciudadanía, que es justamente hacer las cosas correctas y no caer nuevamente en errores.”

«Yo creo que esto sin duda alguna será materia también y ámbito de investigación penal, por cuanto lo primero que yo solicitaría es a los diputados que inmediatamente retiren estas 211 indicaciones que han presentado, que claramente obedecen nuevamente una práctica corrupta de tomar indicaciones que vienen claramente redactadas por la industria, retiren automáticamente estas 211 indicaciones y que además, mientras esto no se aclare, por lo menos por hoy, se suspenda la discusión de esta ley», señaló el diputado PS Daniel Manouchehri.

El caso de Jaime Orpis y Francisco Mujica es un claro recordatorio de los riesgos de permitir que intereses privados dominen el proceso legislativo. La condena de Orpis por fraude al fisco y cohecho, junto con la pena remitida a Mujica por delitos tributarios y soborno, son ejemplos de cómo las relaciones opacas entre legisladores y empresas pueden corromper el sistema.

El debate sobre la nueva Ley de Pesca ha comenzado con señales indignantes de la reiteración de la influencia empresarial. La copia exacta de las indicaciones de Sonapesca por parte de ciertos diputados sugiere que, una vez más, los intereses privados podrían estar tratando de dominar el proceso legislativo. Esto subraya la importancia de vigilar de cerca el desarrollo de esta ley y asegurar que el proceso sea transparente y equitativo.

 

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