El proyecto de ley presentado ante el Congreso peruano por el que se establece que nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1° de julio de 2002, contraviene el derecho internacional sobre la aplicación de la prescripción a los crímenes atroces, advirtieron hoy expertos* de la ONU.
«La adopción del proyecto de ley 6951/2023-CR pendiente de aprobación ante el Congreso peruano, impediría la persecución penal, condena y sanción de las personas que cometieron tales crímenes antes de julio de 2002, obstaculizando el acceso a la justicia, y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas», señalaron los expertos.
El 6 de junio de 2024, el Pleno del Congreso votó a favor del Proyecto de Ley que propone la aplicación de la prescripción en tales circunstancias. De aprobarse, ningún acto anterior a esa fecha sería calificable como crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Para que el legislativo apruebe la ley es necesaria una segunda votación del pleno.
«La aprobación del proyecto de ley pondría a Perú en franca contravención de sus obligaciones en virtud del derecho internacional», dijeron los expertos. «De hecho, las leyes de prescripción no pueden aplicarse a las violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional.»
«La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de jus cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual el Perú debe adherirse», señalaron.
«En un momento en que la mayoría de los Estados han reformado su legislación interna para cumplir con este principio fundamental, el proyecto de ley 6951/2023-CR choca con los valores básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el Estado de Derecho».
Los expertos hicieron un llamamiento al poder legislativo para que garantice que las normas aprobadas por el Congreso cumplan plenamente con el derecho internacional y las normas de derechos humanos.
En el mientras, hace unos días, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial dispuso, en una resolución difundida este lunes 10 de junio, la ampliación del plazo de prisión preventiva dispuesta en contra de Pedro Castillo Terrones, presidente de Perú destituido de manera muy controvertida el 7 de diciembre 2022. La medida, que fue tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo de dicho Juzgado Supremo, establece que el plazo de prisión preventiva contra Castillo Terrones se amplíe por 14 meses más, supuestamente, a fin de que se continúen las investigaciones en su contra.
La historia de Pedro Castillo se mueve alrededor de la Ley N° 27651, conocida como la Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal: a pesar de esta misma, en casi dos décadas solo 1.607 mineros habían formalizado sus actividades, mientras que 88.302 mineros figuraban como inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón que había sido creado con el objetivo de incentivar la formalización de la minería ilegal, pero que, en la práctica, permite que esta actividad ilícita se siga realizando.
En 2023 las concesiones mineras en Perú habrían debido ser renovadas. El miedo de que el presidente Pedro Castillo no siga con dichas concesiones a los privados fue demasiado grande, pero el Congreso tenía una solución: destituirlo, por incapacidad mental, como ya ocurrió en el pasado con otros presidentes. Así, el 7 de diciembre de 2022 estaban previstos el debate y la votación en el pleno del Congreso de la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Adelantándose a la votación, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de «un gobierno de emergencia excepcional», a través de un discurso muy dudoso. Así, viene encarcelado y Dina Boluarte nombrada presidenta.
Talvez no lo pensaron, o talvez la vida de ellos no cuente nada por los poderosos, pero el pueblo se levantó: el pueblo indígena, los campesinos, los discriminados y los perseguidos por la oligarquía peruana desde hace siglos. La represión fue y sigue siendo muy violenta, a pesar del silencio de la prensa oficial nacional y extranjera y de la negación de estos hechos por el mismo gobierno peruano. Hoy en día, entre los balazos de los militares que ya mataron a demasiadas personas, las injusticias siguen existiendo.
*Los expertos: Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Aua Baldé (Presidenta-Relatora), Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Grażyna Baranowska, Ana-Lorena Delgadillo Pérez and Angkhana Neelapaijit, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
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