La reforma previsional en estado agónico: el puntal programático de Boric perdió su eje

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El gobierno de Gabriel Boric enfrenta un panorama desolador en el Congreso, sin apoyo suficiente en ninguna de las dos cámaras legislativas. Esta falta de respaldo ha dejado cualquier cambio significativo en manos de una oposición de derecha que ha adoptado una estrategia cerrada y de una profunda inspiración ideológica para frenar el avance de sus políticas.

Desde el inicio de su mandato, la derecha ha implementado una oposición sistemática, rechazando uno a uno los principales proyectos de ley propuestos por el gobierno. Esta táctica no solo busca paralizar las reformas sociales, sino también forzar al Ejecutivo a adoptar la agenda propia de la derecha, que incluye medidas como otorgar más atribuciones a las policías en respuesta a un aumento de la criminalidad, un incremento de la inseguridad que ha sido amplificado por los medios de comunicación generando un clima de completo temor entre la población chilena. Encuestas internacionales registran que los chilenos y chilenas son los ciudadanos más asustados en el mundo. Para ellos, la criminalidad es de lejos el mayor problema del país.

Esta es la agenda que ha impulsado la derecha. Un debate, principalmente mediático, que ha ocupado gran parte del gobierno de Gabriel Boric. Una discusión también interesada para una oposición que intenta sacar de la agenda las reformas del gobierno: cambios al sistema privado de pensiones y un pacto fiscal que recae en los más ricos. Obviamente, para los empresarios y sus representantes en el Congreso Chile no está en condiciones de subir, o subirles, los impuestos. Ni hoy, ni antes, ni nunca.

Las pensiones de miseria

El asunto de las pensiones es más complicado. Tiene carácter de urgencia, de subsistencia, de sobrevivencia ´para millones de personas que han trabajado toda su vida y hoy no cuentan con una pensión que les permita cubrir las necesidades más básicas. Pese a esta realidad, que contrasta con un país que se ufana de tener el PIB per cápita más alto de la región latinoamericana y muy cerca de economías medianas de la OCDE, los verdaderos poderes que manejan los hilos de la política, como las grandes confederaciones de las mayores empresas, no están dispuestos a mover nada en la estructura política institucional actual.

Algunos números. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) gestionan un fondo de unos 200 mil millones de dólares invertido en diversos instrumentos financieros en Chile y en el mundo. Una actividad demasiado rentable como para entregarla: Entre enero y marzo, dice la Fundación Sol, las AFP obtuvieron utilidades diarias por 2.014 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares), en tanto la pensión promedio autofinanciada de la mitad de los trabajadores es de 185 mil pesos ( 201 dólares). Si no fuera por el subsidio fiscal de la Pensión Garantizada Universal (PGU)  la situación de millones sería catastrófica,

La derecha política financiada por el gran capital tiene en este momento la iniciativa en los grandes temas. Por ello la discusión de las reformas que comprometan a los grandes capitales está de cierta manera cerrada. Es muy probable que así continúe hasta las elecciones presidencial y legislativas del 2025. Una estrategia que ha vaciado al gobierno de Gabriel Boric de sus promesas más importantes de campaña: un gobierno si no paralizado, sí bastante enredado y sin herramientas, estrategias o la energía necesaria para negociar con una derecha endurecida y obsesionada en su rol de opositor a todo lo que surja desde gobierno.

En este cierre a la discusión, pese a los numerosos matices que el gobierno ha introducido al proyecto original, está la sombra de las AFP, que no están dispuestas a soltar ni un solo pesos del fondo de los trabajadores. Es un fondo del que no solo gozan las administradoras sino el mercado financiero que lubrica y energiza. Las grandes empresas chilenas, de la minería, la pesca, la forestal, la industria, están financiadas con el dinero de los trabajadores a través de las AFP

El economista Manuel Riesco, vicepresidente de Cenda (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo) confirma: “El desvío forzoso de una parte significativa de los salarios a financiar negocios de empresarios, “principalmente de cuatro grupos ligados a la dictadura que controlan el sistema mediante sus compañías de seguros que son el corazón del mismo, se ha mantenido por cuatro décadas. Esta es la causa de las bajas pensiones, el déficit y endeudamiento fiscal, y la regresividad del régimen tributario, Constituye uno de los principales abusos impuestos tras el 11 de septiembre de 1973, y la incapacidad de los gobiernos democráticos de acabarlo es una de las principales causas de la crisis política actual”.

La Propuesta de Reforma del Gobierno de Boric

La reforma que propone el gobierno de Gabriel Boric incluye varios elementos clave para abordar esta injusticia:

Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU): Se incrementará el monto de la PGU, financiado con recursos públicos a través de la Reforma Tributaria.

Nuevo Componente del Seguro Social: Los empleadores aportarán un 6% adicional al seguro social, beneficiando especialmente a las mujeres.

Fin de las AFP: Se eliminarán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sustituyéndolas por nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública.

Herencia y Libertad de Elección: Se mantendrá la heredabilidad de los fondos y se creará un Sistema Mixto de Pensiones, permitiendo a las personas elegir quién gestionará sus ahorros.

Esta reforma comenzó su debate legislativo en marzo pasado en el Senado, específicamente en la Comisión de Trabajo con la presencia de la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara. Sin embargo, el proyecto fue despachado por la cámara baja sin el «corazón» de la reforma, referente a la distribución del 6% de cotización adicional a cargo del empleador. El Ejecutivo propone una fórmula de «3 y 3», es decir, 3% destinado a capitalización individual y el otro 3% para seguridad social.

La ministra Jara ha subrayado que ciertos aspectos ya cuentan con consenso con la oposición de Chile Vamos, como las mejoras en rentabilidades y el seguro de laguna previsional, pero la distribución del 6% sigue siendo un punto conflictivo. Jara enfatizó la importancia de que el proyecto se apruebe en general y espera que la idea de legislar la reforma previsional se vote durante la primera semana de julio.

La oposición presiona, o las AFP presionan a través de la oposición, para que el 6% adicional sea administrado por ellas mismas y no vaya a un fondo solidario fiscal. En la cámara alta el senador opositor Matías Walker criticó esta fórmula, mientras que Iván Moreira de la UDI insistió en que el 6% de cotización adicional debe ir íntegramente a las cuentas individuales, en línea con la postura de su partido. Para el gobierno , si todo el 6% se destina a capitalización individual, las pensiones no aumentarían significativamente hasta dentro de 25 años, afectando negativamente a los jubilados actuales.

¿Tiene futuro la reforma?

A medida que el debate continúa, el destino de la reforma previsional sigue siendo incierto. La insistencia de la derecha en mantener el sistema de AFP y su oposición a cualquier fondo solidario contrasta con la urgencia del gobierno de Boric por mejorar las pensiones de los jubilados. La discusión se enmarca en un contexto donde las AFP continúan obteniendo ganancias multimillonarias, mientras las pensiones que entregan apenas permiten a los jubilados sobrevivir. Sin la Pensión Garantizada Universal, la situación sería aún más crítica.

Desde varios frentes han comenzado a surgir propuestas para que el gobierno retire el proyecto porque en las actuales condiciones no mejorarán las pensiones. Unos de estos frentes son los mismos trabajadores: “El vocero de No+AFP, Luis Mesina, junto al Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con el respaldo de tres mil firmas que incluyen centenares de dirigentes sindicales y sociales, ha demandado al gobierno retirar el actual proyecto y llevar esta decisión a la ciudadanía, la CUT ha hecho recientemente la misma exigencia”, comenta Manuel Riesco. Y agrega: “En su reemplazo, Mesina y Jadue demandan autorizar a todas las personas afiliadas a AFP a cambiarse al instituto público IPS, trasladando sus cotizaciones pasadas y futuras, y a retirar el saldo remanente en su cuenta AFP tras el traslado de sus cotizaciones pasadas”.

No es esta la única opción. Recientemente, un grupo transversal de diputados ha presentado un proyecto similar, que autoriza cambiarse al sistema previsional de las FFAA, lo que ha concitado asimismo enorme apoyo.

El economista y dirigente sindical Patricio Guzmán tampoco confía en el proyecto de reforma y aún menos en su estado actual. Para él, no subirá las pensiones. “No tiene ninguna posibilidad de mejorar porque incluso al aumentar el 6% de la cotización, si va a la cuenta individual o al reparto solidario, lo único que va a conseguir es revertir la caída esperada de las pensiones.  La rentabilidad desde hace años viene sistemáticamente cayendo y, por tanto, las pensiones en relación con el fondo acumulado son cada vez peores. El 6% adicional solo podrá impedir que se siga deteriorando el monto de pensiones”.

De mal a peor. Con o sin 6% adicional. Esa es la visión de Patricio Guzmán. “El grueso de la gente va a esperar que sea el Estado que les pague las pensiones a través de la PGU”. Un desastre de sistema de pensiones que además destruyó grandilocuentes sofismas neoliberales: “Los que inventaron este sistema decían que el Estado no iba a tener que seguir tirando dinero en un pozo como eran las pensiones en el antiguo sistema de reparto; pero la verdad es que el Estado nunca ha puesto más dinero que ahora con malas pensiones” dice Patricio Guzmán. El Estado no solo subsidia a los pobres pensionados sino también ampara el multimillonario negocio de las AFP. De paso, ayuda a que Chile siga en el primer lugar de la desigualdad latinoamericana.

Paul Walder

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