Detienen a exoficial del Ejército prófugo: tiene condena por envenenar a presos de la dictadura

El pasado 29 de diciembre de 2023, la Corte Suprema dictó una sentencia condenatoria contra Eduardo Arriagada Rehren, oficial en retiro del Ejército y médico cirujano, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, así como en el homicidio frustrado de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos. Las víctimas, presos de la ex Cárcel Pública de Santiago, fueron envenenadas por agentes del Estado en septiembre de 1981.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, dio la orden de ingreso en calidad de rematado a Arriagada Rehren para que cumpla la sentencia de 15 años y un día de presidio efectivo.

Arriagada Rehren se encontraba prófugo, eludiendo la justicia hasta el 5 de junio de 2024, cuando fue detenido. Posteriormente, fue puesto a disposición de la ministra Paola Plaza González, quien le notificó del fallo ejecutoriado del máximo tribunal que lo condena a cumplir la pena impuesta.

Los delitos por los cuales Arriagada Rehren fue condenado ocurrieron en septiembre de 1981, en el contexto de la dictadura civil militar . Las víctimas, presos políticos, fueron envenenadas en la ex Cárcel Pública de Santiago, un acto que representa una de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese período. La condena de Arriagada Rehren es un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como en el esfuerzo por recordar y reparar los abusos del pasado.

La sentencia contra Eduardo Arriagada Rehren es emblemática en varios sentidos. Primero, reafirma el compromiso del sistema judicial chileno con la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la dictadura. Además, subraya la importancia de la memoria histórica y la necesidad de perseguir a los responsables de violaciones a los derechos humanos, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Finalmente, el caso destaca el papel fundamental de la ministra Paola Plaza González y de la Corte de Apelaciones de Santiago en llevar a cabo estas acciones judiciales, demostrando la capacidad y voluntad del sistema judicial para enfrentar y sancionar delitos de lesa humanidad.