Nuevos psicópatas en Viña del Mar
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Una justificada indignación, la impotencia y la ira hacia los criminales – psicópatas, sin duda – que destruyeron sus vidas, ha sido la reacción inmediata de los miles de damnificados por el megaincendio de febrero pasado en Viña del Mar y Quilpué, los que desde hace más de dos meses están denunciando abandono y en estos momentos merecen a lo menos la pronta entrega de una solución habitacional digna.
Sin poder reponerse de este nuevo y duro golpe emocional que es conocer la intencionalidad que hubo para el surgimiento del fuego, los vecinos que quedaron sin sus seres queridos y sin sus casas solicitan también determinar la responsabilidad de las autoridades que no tuvieron una adecuada gestión en la emergencia, en que no hubo manejo ni coordinación para evitar la propagación de las llamas que avanzaron sin que funcionaran los protocolos de reacción.
La ciudadanía se pregunta a la vez si no hay otros implicados ni otros intereses que pudieran permanecer encubiertos, los que se espera puedan aparecer a la luz pública en el curso de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público a través de la policía especializada.
Cunden las especulaciones, entre ellas el antecedente ocurrido en la década de los años 80: dos carabineros fueron fusilados al ser sindicados como los «sicópatas de Viña del Mar», autores de una decena de homicidios, pero quedó en el aire la sospecha de que el verdadero responsable permaneció en la impunidad. Nadie se acuerda siquiera de su nombre.
Por de pronto, el voluntario de Bomberos, Mundaca (22) y el brigadista de Conaf, Pinto (31), que enlodaron a sus respetables instituciones, son los únicos culpables de esta catástrofe sin precedentes. La más dolorosa consecuencia fue la muerte de más de un centenar de personas, en gran parte adultos mayores que no lograron escapar y cuya pérdida es irreparable.
La intencionalidad demencial de ambos enfrenta hoy la acción de la justicia, se encuentran en prisión preventiva y – sean cual sean sus motivos – solo reciben el repudio generalizado de la sociedad. Acusados de un asesinato masivo, nadie ni nada podría salvarlos de una condena a cadena perpetua.
En términos de afectación humana y habitacional las consecuencias del peor incendio registrado en el país son pavorosas. Las cifras oficiales indican que hubo 137 fallecidos, 8.188 hogares consumidos por el fuego y 21.229 damnificados, a los que hoy solo les cabe esperar la ayuda eficiente y solidaria que se les prometió.
Esa ayuda no puede demorar 5 años, como lo contempla el programa de reconstrucción anunciado por el gobierno. Este plan es muy completo, cuida todos los detalles y significa una cuantiosa inversión, pero el plazo de ejecución es una eternidad que no responde a las urgentes necesidades de quienes quedaron de brazos cruzados y con lo puesto.
A inicios de junio se han cumplido 4 meses de la tragedia y no es mucho lo avanzado, al punto que la Agrupación de Damnificados de Viña del Mar y Quilpué ha venido denunciando la situación de abandono que afecta a los pobladores. Ha comenzado a la vez la temporada de lluvias lo que junto con los intensos fríos otoñales complican a muchas familias que ahora ostentan la poco envidiable condición de damnificadas por partida doble.
En estos momentos aún hay personas que están durmiendo en carpas ubicadas al interior de viviendas a medio construir que no alcanzan a resguardar a sus ocupantes de las inclemencias climáticas. Otras permanecen en carpas a la intemperie, con evidente riesgo para su salud por las bajas temperaturas y la posibilidad cierta de que las precipitaciones vuelvan a presentarse con intensidad.
Queda a la vista el hecho de que en Chile el Ministerio de la Vivienda curiosamente no construye solución habitacional alguna. Las viviendas de emergencias entregadas corresponden a la empresa privada que las vendió a buen precio al ministerio, pero en muchos casos no han quedado bien instaladas, los techos no están firmes y el agua y el viento se filtran por puertas y ventanas. En un alto porcentaje esas viviendas han sido rechazadas por los presuntos beneficiarios.
Las quejas ya se escuchaban antes de las primeras lluvias: «Nos han dejado solos, de primera venían todos y ahora nadie nos ayuda», según quienes recuerdan que – todavía en el verano – llegaban generosos aportes gubernamentales y particulares, los que al paso de los días fueron desapareciendo. Ahora, en vísperas del invierno, a los sin casa les llueve sobre mojado, y las ollas comunes y los albergues transitorios han vuelto a funcionar. Además de todo eso, hoy se sabe que el gigantesco incendio fue provocado intencionalmente.
A estas alturas, sin embargo, sale a relucir la comprensible desconfianza de la gente a las elites, la autoridad de turno y la casta política desacreditada: los damnificados no les creen su versión de que los únicos culpables del megaincendio son los dos imputados formalizados. «Estamos convencidos de que hay más responsables, hay más involucrados, sean del sector público o privado, entonces hay que investigar qué es lo que realmente pasó».
Una joven dueña de casa de la desolada Villa Independencia viñamarina dice con pena que «estamos devastados, pero haya habido estas u otras circunstancias, nos indemnicen o no, nadie me va a devolver la vida de mis padres».
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
