Infierno en Gaza: El precio de la indiferencia internacional ante la tragedia palestina
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El 26 de mayo de 2024, un ataque aéreo israelí en Rafah resultó catastrófico, cobrando la vida de 45 personas, muchas de las cuales eran mujeres y niños que buscaban refugio en un área de tiendas de campaña para personas desplazadas. Videos del incidente publicados en redes sociales muestran a personas afligidas, algunas clamando por ayuda de la comunidad internacional y otras afirmando que no hay un lugar seguro ni seguridad en Gaza. Desde que comenzó la guerra, las fuerzas de ocupación israelíes y los ataques han empujado a los civiles más al sur, con alrededor de un millón de personas refugiándose en Rafah hasta mayo de 2024. Peor aún, los hospitales en el área de Rafah han declarado que no tienen la capacidad para recibir y tratar la cantidad de heridos en esta tragedia, haciendo una situación ya desesperada aún más desesperanzadora. A medida que surgían imágenes de cuerpos carbonizados y familias afligidas, Israel comenzó a enfrentar una condena internacional generalizada como nunca antes.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el ataque, pidiendo un cese inmediato de las acciones militares y haciendo hincapié en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario. El enviado de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Tor Wennesland, exigió una investigación minuciosa y transparente. Egipto y la Autoridad Palestina acusaron a Israel de apuntar deliberadamente a civiles, mientras que Catar expresó preocupación de que el ataque pudiera obstaculizar las negociaciones de rehenes y los esfuerzos de alto el fuego. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también criticaron enérgicamente el ataque, con Erdogan prometiendo responsabilizar a los líderes israelíes. Italia y Arabia Saudita hicieron eco de estos sentimientos, con el ministro de Defensa de Italia afirmando que los ataques contra civiles ya no son justificables.
Incluso el mayor aliado de Israel, Estados Unidos, emitió una advertencia conocida como la «línea roja» hacia Israel. Esta advertencia aconsejaba no lanzar un asalto militar en Rafah sin suficientes medidas de protección civil. El presidente Biden declaró que, si Israel continúa con operaciones militares no autorizadas en Rafah, Estados Unidos ya no podría seguir suministrando armas y municiones ofensiva
s a Israel. Más impactante aun fue cuando el primer mandatario estadounidense declaró que «simplemente está mal» en cuanto a las actividades militares de Israel en Rafah. Biden fue aún más lejos en una entrevista, reconociendo que se han usado bombas estadounidenses para matar civiles en Gaza, marcando un reconocimiento poco común de parte de Estados Unidos sobre su papel en el conflicto de siete meses. Esta declaración marca un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos en el conflicto, ya que Biden afirmó que Estados Unidos ahora solo está interesado en proporcionar a Israel armas defensivas y no respalda de ninguna manera una invasión de Rafah.
Israel ha respondido a esta protesta internacional atribuyendo el ataque aéreo en Rafah a un «error técnico«. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, caracterizó el incidente como un “error trágico”. La Dirección Nacional de Diplomacia Pública afirmó su intención de solo apuntar a miembros clave de Hamas y minimizar las bajas civiles siempre que sea posible. Sin embargo, sus acciones contradicen sus objetivos declarados. Israel ha participado recientemente en ataques indiscriminados en Gaza, mostrando poco respeto por la población civil. Además, la respuesta de Israel a su «error» al afirmar que llevará a cabo una investigación, si es necesario, refleja un reconocimiento insuficiente del valor de la vida humana en Palestina.
El momento del ataque aéreo añade otra capa polémica, ya que ocurrió solo días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenara a Israel que cesara sus operaciones en Rafah. El 24 de mayo de 2024, la CIJ ordenó a Israel que detuviera de inmediato su ofensiva militar en Rafah debido a la deteriorada situación humanitaria, clasificada como «desastrosa». La Corte Penal Internacional (CPI) también buscó órdenes de arresto para altos funcionarios tanto de Hamas como de Israel por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre los implicados se encuentran el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, anunció la solicitud, afirmando que su objetivo era responsabilizar a individuos por graves violaciones cometidas durante el conflicto. Estos cargos incluyen acusaciones de atacar a civiles e infraestructura civil, así como ataques desproporcionados.
Esta decisión, aunque legalmente vinculante, carece de aplicabilidad. La persistente alta tasa de víctimas civiles en Gaza, que abarca los siete meses desde el 7 de octubre, plantea preguntas sustanciales sobre el cumplimiento de Israel de estos estrictos requisitos legales. El aparente incumplimiento de los principios de proporcionalidad y verificación subraya una violación del derecho internacional humanitario. Incluso frente a adversarios que explotan la presencia civil para obtener ventaja estratégica, la carga de cumplimiento de estas normas humanitarias sigue siendo imperativa.
Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que dos altos funcionarios de Hamas murieron en el ataque aéreo en Rafah con «municiones de precisión», las autoridades israelíes culpan a Hamas de las víctimas civiles en Rafah, argumentando que Hamas opera deliberadamente en áreas densamente pobladas para evitar ser atacados. Sin embargo, el derecho internacional humanitario ofrece una perspectiva más matizada sobre la asignación de culpa en tales contextos. Específicamente, el Artículo 57 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra exige precauciones exhaustivas para evitar o minimizar el daño incidental a los civiles. El artículo 57(2)(c) obliga a los atacantes a tomar todas las precauciones factibles en la elección de medios y métodos de ataque, incluidas consideraciones como el momento de los ataques, la selección de municiones y la posibilidad de proporcionar advertencias anticipadas a los civiles cuando sea factible. En el caso de Rafah, es crucial señalar que el área era considerada una zona segura y las autoridades israelíes nunca instruyeron a los civiles a evacuar.
Israel no solo está perdiendo rápidamente credibilidad en el escenario internacional, sino que está siendo identificado cada vez más en los medios convencionales como un Estado que lleva a cabo acciones que numerosos críticos describen como genocidas. El apoyo inicial de la comunidad internacional a Israel, fundamentado en su derecho a la autodefensa, está disminuyendo drásticamente. Incluso sus aliados más cercanos están comenzando a distanciarse, reevaluando su respaldo a la luz de lo que perciben como acciones cada vez más indefendibles y moralmente reprobables.
Durante mucho tiempo, Israel ha justificado sus operaciones militares en Gaza ante la comunidad internacional citando preocupaciones de seguridad y la necesidad de neutralizar las amenazas de Hamas. Sin embargo, la escala e intensidad de las recientes operaciones han sido ampliamente condenadas como innecesarias y desproporcionadas, contraviniendo flagrantemente los principios del derecho internacional humanitario. La creciente presión puede significar un cambio decisivo en la postura global hacia Israel, planteando la pregunta: ¿por qué tomó tanto tiempo alcanzar este consenso global?
Israel ha evadido consecuencias significativas, beneficiándose del apoyo político y las alianzas estratégicas que lo protegen del pleno peso del derecho internacional. La capacidad de Israel para persistir en tales acciones se puede atribuir a varios factores. Primero, las realidades geopolíticas y las alianzas, particularmente con naciones poderosas como Estados Unidos, proporcionan un escudo contra sanciones internacionales y acciones legales. En segundo lugar, el panorama político dentro de organismos internacionales como las Naciones Unidas a menudo resulta en vetos y resoluciones estancadas. Este impasse político permite que Israel opere con un nivel de impunidad que desafía los controles y equilibrios previstos en el derecho internacional.
La situación en Gaza resalta la imperiosa necesidad de cerrar la brecha entre los principios del derecho internacional y su aplicación efectiva. La violencia continua y la pérdida de vidas en Gaza exigen una reflexión urgente y sobria: ¿cuántas vidas palestinas deben sacrificarse antes de que se tomen acciones significativas? La crisis humanitaria en Gaza es un testimonio del fracaso monumental de la comunidad internacional para hacer cumplir sus propias leyes y proteger a las poblaciones vulnerables. Cada muerte palestina subraya la urgente necesidad de un sistema legal internacional sólido y aplicable que responsabilice a todos los infractores, independientemente de sus alianzas políticas o importancia estratégica. ¿Será ya la hora que la comunidad internacional debe demostrar, a través de acciones concretas y no solo retóricas vacías, que la justicia y la humanidad prevalecen sobre la política y la geopolítica? Solo algo es cierto, la historia juzgará severamente a quienes permanecen en silencio ante tales atrocidades.
Por Sophie Spielberger
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