La Corte Suprema emitió el viernes 24 de mayo una orden de no innovar en el caso denominado «Conscriptos de Putre», dirigiendo al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica a abstenerse de continuar con sus diligencias hasta que se resuelva el fondo del conflicto de competencia planteado en la investigación.
En un fallo dividido (causa rol 17.281-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por el ministro Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Jean Pierre Matus, y los abogados (i) Pía Tavolari y Juan Carlos Ferrada, acogió la solicitud del Ministerio Público Militar. La medida tiene como objetivo no interferir con la investigación en curso llevada a cabo por el organismo militar.
El fallo señala: “Sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo, en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”.
Opiniones Divididas en la Corte Suprema
La decisión de la Corte Suprema no fue unánime. El ministro Leopoldo Llanos y el abogado Juan Carlos Ferrada manifestaron su desacuerdo, votando en contra de la orden de no innovar. Esta división refleja la complejidad y la sensibilidad del caso, que ha puesto en evidencia el conflicto de competencias entre la justicia civil y la militar en Chile.
Este fallo tiene importantes repercusiones para el sistema judicial chileno, ya que subraya la necesidad de aclarar y definir los límites de competencia entre las jurisdicciones civil y militar. La decisión de la Corte Suprema destaca la importancia de no interferir en las investigaciones llevadas a cabo por la justicia militar, especialmente en casos de alta sensibilidad como el de los «Conscriptos de Putre».
Antecedentes del Caso
El caso «Conscriptos de Putre» ha capturado la atención pública debido a la naturaleza de los hechos investigados y las implicaciones legales involucradas. La contienda de competencia entre el Ministerio Público y el Ministerio Público Militar refleja la tensión existente entre ambos organismos sobre quién tiene la autoridad para llevar a cabo la investigación y procesar los delitos presuntamente cometidos.
La orden de no innovar dictada por la Corte Suprema en el caso «Conscriptos de Putre» representa un momento clave en la definición de competencias entre la justicia civil y militar en Chile. A medida que se espera una resolución definitiva, este caso seguirá siendo observado de cerca por su potencial impacto en la administración de justicia en el país.
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Hablar de « justicia militar » me parece contrario a la noción misma de justicia. En los países civilizados no existe.