CCHDH expresa preocupación por legislaciones retardatarias y regresivas que contradicen las obligaciones sobre derechos humanos
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La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) ha emitido un comunicado expresando su profunda preocupación por la aprobación de diversas normas en el Congreso que, según la entidad, vulneran los derechos humanos y contradicen las obligaciones internacionales de Chile en esta materia. Estas propuestas legislativas, impulsadas principalmente por la derecha conservadora, están siendo vistas como medidas regresivas que buscan enfrentar la delincuencia a través de enfoques que amplían la permisividad y reducen los controles sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales.
«La CCHDH expresa su honda preocupación por las propuestas retardatarias y regresivas y contrarias a las obligaciones internacionales de derechos humanos, que se han venido manifestando con cada vez con más imprudencia y extremismo por parte de una amplia parte de las dirigencias políticas y autoridades públicas, con la participación protagónica de las líneas editoriales de los medios de comunicación masiva».
Uno de los puntos más controversiales es la Ley Nº2 1.560, conocida como «Ley Naín Retamal», la cual otorga un tratamiento privilegiado a los agentes estatales en el ejercicio de sus funciones. Esta ley amplía las posibilidades para el uso de la fuerza por parte de los policías y gendarmes, y reduce significativamente su responsabilidad penal en casos de abuso. La CCHDH denuncia que esta normativa establece una «legítima defensa privilegiada» para los funcionarios policiales, dificultando la implementación de medidas cautelares como la prisión preventiva o el arresto domiciliario, lo que podría fomentar la impunidad.
Además, el Proyecto de Ley conocido como «Reglas de Uso de la Fuerza» (Boletín nº15.805-07) agrava aún más esta situación. Este proyecto reemplaza la noción de «legítima defensa» por la de «objetivo legítimo», otorgando a los funcionarios policiales una mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza y complicando la carga probatoria en contra de las eventuales víctimas de su actuación. La CCHDH considera que esta medida amplía excesivamente el campo de acción de los policías, lo que puede llevar a abusos y violaciones de derechos humanos.
La CCHDH también ha expresado su rechazo a propuestas legislativas que buscan restablecer la pena de muerte en Chile, en clara violación del Artículo 4° N° 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe esta práctica en países que la han abolido. Otra propuesta preocupante es la de ampliar la competencia de la Justicia Militar, permitiendo su aplicación a civiles y a uniformados que cometen delitos contra civiles, retrocediendo en avances democráticos logrados con la Ley 20.477 de 2010.
La constante renovación del Estado de Excepción Constitucional en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Malleco también es motivo de alarma. La CCHDH destaca que, pese a estas medidas, la violencia no ha disminuido y han surgido «zonas oscuras» donde se reportan delitos y crímenes en los que estarían involucrados funcionarios policiales.
Adicionalmente, la CCHDH subraya la necesidad urgente de reformar la formación de funcionarios policiales y militares, citando incidentes recientes en el Regimiento Motorizado Nº 24 «Huamachuco» y en Gendarmería de Chile, que evidencian tratos crueles y condiciones de formación inadecuadas.
La propuesta de otorgar privilegios penitenciarios a reos mayores de 75 años o con enfermedades terminales, que beneficiaría a muchos condenados por crímenes de lesa humanidad, también ha sido criticada por la CCHDH, ya que contraviene el Estatuto de Roma, un tratado internacional obligatorio para Chile.
Por último, la CCHDH critica el rol de los medios de comunicación, acusándolos de amplificar el clima de terror y apoyar indirectamente estas medidas regresivas. La entidad resalta la necesidad de políticas públicas que garanticen el derecho a estar informados, la comunicación y el pluralismo informativo.
En conclusión, la CCHDH recuerda a los representantes del Estado que el respeto a los derechos humanos no es opcional, sino una obligación internacional ineludible que debe ser cumplida rigurosamente.
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