Indignación y Rechazo: Familias de víctimas claman contra propuesta de libertad para militares condenados
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En medio de un debate en pleno desarrollo y una creciente indignación social, diputados de derecha han impulsado una iniciativa legislativa que permitiría la libertad condicional para militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó una indicación que permitiría a personas privadas de libertad mayores de 75 años cumplir su pena bajo arresto domiciliario, lo que ha sido recibido con fuertes críticas y preocupación por parte de diversos sectores de la sociedad.
La propuesta y sus beneficiarios
La normativa propuesta establece que «se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante». Esta medida está vista por muchos como un intento de otorgar beneficios a los internos de los recintos penitenciarios de Punta Peuco y Colina 1, donde se encuentran exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Este tipo de indicaciones no son nuevas; en enero de este año, una propuesta similar fue rechazada en el Senado. Sin embargo, la persistencia de los diputados de derecha en volver a introducir esta normativa ha reavivado el debate sobre la impunidad y la memoria histórica en Chile.
Reacciones de familiares
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) ha sido una de las voces más fuertes en contra de esta propuesta. En una declaración pública, la agrupación expresó su «máxima preocupación» y calificó la medida como un «nuevo intento de impunidad».
«La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos manifiesta su máxima preocupación por un nuevo intento de la derecha de instalar la impunidad, luego de que se aprobara este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la indicación en la que se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante», señala el comunicado.
La AFDD ha reiterado su llamado a los legisladores para detener lo que consideran una maniobra para beneficiar a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, insistiendo en la necesidad de mantener los principios de Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Garantías de No Repetición.
Opiniones en el Congreso
El diputado Leo Soto, opositor a la medida, ha expresado su indignación, destacando que esta iniciativa representa un retroceso en materia de justicia y derechos humanos.
«La nueva derecha quiere volver atrás reponiendo la vieja Justicia Militar para las víctimas civiles de militares. Y ahora dejar en libertad a los viejos genocidas de Punta Peuco. Impresionante que no tienen nada nuevo que ofrecer al futuro, sino que volver a su peor pasado», declaró Soto.
Los diputados del PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini emplazaron a la derecha por la aprobación de una indicación que permite que personas privadas de libertad mayores de 75 años puedan cumplir su pena con arresto domiciliario, aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Al respecto, Manouchehri dio a conocer que al menos 776 personas serían los eventuales beneficiarios por esta moción, mediante la respuesta a un oficio solicitado por el legislador al Ministerio de Justicia. “La derecha quiere liberar a pedófilos, narcotraficantes, torturadores y a graves criminales y genocidas”, acusó.
En esa línea, el legislador por la Región de Coquimbo indicó que “dentro de estas personas que quiere beneficiar la derecha para sacar de la cárcel, hay al menos 66 personas que están cumpliendo condena por delito de violación de menores de 14 años; 139 personas condenadas por homicidio, incluyendo homicidio simple y calificado; 137 casos por delito de abuso sexual de menores de 14 años; 145 personas condenadas por secuestro; 76 personas condenadas por tráfico de drogas y 28 personas condenadas por torturas y tormentos”.
Implicaciones Futuras
Aunque la normativa ha pasado el primer obstáculo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, aún enfrenta un largo camino en el Congreso, donde se anticipa un debate acalorado. Los críticos de la medida argumentan que su aprobación enviaría un mensaje peligroso de impunidad y desdén por la memoria de las víctimas de la dictadura.
La discusión sobre esta normativa no solo revive viejas heridas, sino que también pone de manifiesto las profundas divisiones políticas y sociales que persisten en Chile en torno a su pasado reciente. Las familias de las víctimas y los defensores de los derechos humanos continúan su lucha por justicia, mientras el país observa de cerca los próximos pasos del Congreso en este polémico asunto.
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