Presidente Boric decidido a vetar reinstauración de la justicia militar

El escenario político nacional se ha visto marcado por una importante discusión en torno al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y, en particular, por la iniciativa impulsada por la oposición de derecha de reponer la justicia militar. En medio de este debate, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha confirmado que el presidente Gabriel Boric está dispuesto a aplicar el veto presidencial a esta polémica indicación que la oposición insiste en reinstalar.

En una entrevista con radio Cooperativa, Monsalve recordó el papel clave que tuvo el expresidente Sebastián Piñera en la reforma de la justicia militar, que en su momento permitió que los casos de delitos cometidos por policías fueran juzgados por la justicia civil. El subsecretario subrayó el cambio de postura de algunos sectores políticos, mencionando que durante el gobierno de Piñera se consideró como un avance democrático el sacar a civiles y menores de edad de la competencia de los tribunales militares.

El subsecretario destacó que la decisión de vetar la reinstauración de los tribunales militares ha sido claramente expresada por el presidente Boric, quien afirmó que durante su mandato no se permitirá este retroceso en materia de justicia. Esta posición del Gobierno ha generado controversia, especialmente entre los sectores que respaldan la iniciativa de reintegrar la justicia militar.

La posibilidad de que la iniciativa sea aprobada ha generado expectativas y dudas en el ámbito político, especialmente considerando el apoyo que ha recibido en la Cámara de Diputados. No obstante, la postura firme del presidente Boric refleja su compromiso con mantener los avances democráticos logrados en términos de justicia y derechos humanos.

En este sentido, el veto presidencial se vislumbra como una herramienta fundamental para evitar el restablecimiento de los tribunales militares en el país. Esta medida, respaldada por el presidente y su equipo, es parte de una estrategia que busca salvaguardar los principios fundamentales de un sistema judicial justo e imparcial, acorde con los estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos.