¿Hacia el fin del Estado de derecho?
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Por años la justicia militar fue uno de los puntales de la pretensión de impunidad en las violaciones a los derechos humanos imputables a policías y militares en la dictadura y en casos posteriores. Sucesivas reformas sacaron de ese ámbito las causas en que las víctimas de militares fueran civiles.
La extrema derecha, la derecha y ex DC conversos acaban de aprobar en la Cámara -lo que será impugnado ante el Tribunal Constitucional- que se vuelva a la legislación de la dictadura en la materia. Descalifican el rol de jueces y fiscales civiles y dan la espalda a lo que es propio de los países democráticos: ninguna corporación armada puede ser juez y parte cuando se persiguen delitos de sus miembros que exceden el ámbito policial y militar interno.
Además, parlamentarios de derecha y extrema derecha presentaron un proyecto de ley de amnistía para policías y militares condenados, investigados o procesados por delitos cometidos poco antes y durante la rebelión social de 2019, procurando dejar sin sanción a nadie involucrado en los casos respectivos, incluso en los que hubo resultado de muerte. A julio de 2023, según el Ministerio Público, se habían producido 31 sentencias condenatorias por los delitos de homicidio (un Carabinero, dos miembros del Ejército y un miembro de la Armada), cuasidelito de lesiones, apremios ilegítimos, torturas, falsificación o uso malicioso de documentos públicos e infracciones al Código de Justicia Militar. Unos 157 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden estaban a esa fecha en condición de formalizados (148 Carabineros, 7 miembros del Ejército y 2 de la PDI). De las 8.508 causas iniciadas por algún tipo de delito de las fuerzas de orden o militares durante la rebelión social, 3.729 fueron archivadas de manera provisional y se pronunciaron 21 sobreseimientos definitivos y 11 sentencias absolutorias.
Según el Ministerio Público, hubo 33 muertes durante el llamado estallido social, cuatro de las cuales se atribuyeron a agentes del Estado. Entre los otros 29 casos se encuentran los incendios de la bodega Kayser y de supermercados Líder y Alvi, además de los fallecidos en Plaza Italia por causas aparentemente accidentales en medio de las manifestaciones y la represión policial. Según el Programa Integral de Reparación Ocular del Ministerio de Salud, 453 pacientes de la red asistencial fueron atendidos por lesiones oculares producidas por la policía durante las manifestaciones, listado extendido a 460 casos totales por el INDH, una cifra inaceptable, con múltiples casos de pérdida parcial o total de la visión.
Con la amnistía y la derivación de los delitos policiales y militares a la justicia militar, lo que se pretende es que Chile deje de ser un Estado de derecho y permanezcan impunes crímenes inaceptables. Se busca que los delitos y abusos cometidos por policías y militares contra la población civil en medio de protestas sociales permanezcan sin sanción alguna, incluso cuando se cometieron contra personas que no participaron en acto alguno de violencia. Las agresiones y destrucciones de grupos lumpenizados no autorizan a los órganos del Estado a cometer crímenes en ninguna sociedad civilizada, y menos a reprimir el derecho de manifestación de manera indiscriminada, como hizo agresivamente la policía en el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que se debe procurar es perseguir y sancionar drásticamente a los causantes de destrucciones de la propiedad pública, robos y saqueos del comercio, pero proporcionales a los hechos. Aplicar penas de muerte de hecho o disparar a los ojos de manifestantes para causarles graves daños simplemente no es aceptable en un Estado de derecho.
La extrema derecha, la derecha y los ex DC conversos siguen mostrando su peor cara, en su afán de bloquear al gobierno y reprimir a la sociedad. Son la expresión de un autoritarismo militarista desenfrenado, que quiere volver por sus fueros y debe ser rotundamente rechazado por la mayoría democrática del país, como ya lo fue el 17 de diciembre de 2023. Las consecuencias de no hacerlo son demasiado conocidas en la historia reciente de Chile.
Gonzalo Martner
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Hugo Murialdo says:
El Estado de Chile dejó de ser un Estado de Derecho el 11 de septiembre de 1973. El Estado de Chile es un Estado fallido, ilegal e ilegítimo, pues es un Estado de facto: «El Estado seguirá siendo de facto hasta que se produzca la instauración de un nuevo orden constitucional mediante el ejercicio del Poder Constituyente y el gobierno se convierte en de «jure» (derecho), ya que se estará encuadrando dentro del nuevo ordenamiento jurídico. (Giorgio del Vecchio, Teoría del Estado, Bosh, Barcelona, 1956).
Felipe Portales says:
¡Por favor! Como se va a considerar con Estado de Derecho un país en que rige la Constitución impuesta por una dictadura (con algunas enmiendas de importancia, pero conservando su esencia autoritaria y neoliberal); en que pocos grandes grupos económicos controlan directamente su economía, su cultura, sus medios de comunicación de masas e incluso su política a través de diversas formas de corrupción; en que existe una «justicia» para ricos y poderosos y otra para pobres; en que las Fuerzas Armadas y Carabineros disfrutan de autonomía operativa, según la ley y la práctica (reconocido esto hasta por senadores como José Miguel Insulza y Carlos Bianchi, por el diputado Jorge Brito y por el ex subsecretario general de Gobierno, Jorge Navarrete Poblete); en que todavía subsisten sistemas laborales, previsionales, educacionales, de salud, etc. impuestos por la dictadura y que favorecen abrumadoramente a los más ricos y perjudican notoriamente a los más pobres; etc., etc.
alfredo kirkwood says:
los woke empezaron cuestionando la igualdad ante la ley. La justicia con perspectiva de genero fue el preludio de la justicia con perspectiva de milico
´j.norambuena says:
Es Estado de desecho, Sr. Serafin
Serafín Rodríguez says:
Ahhh… Dónde? En qué país? Porque fíjese Ud. que cuando hice la pregunta estaba pensando precisamente en lo que dice el profe Portales, don Felipe, más arriba, no ese otro que se llama Diego y que enseña en una universidad que lleva su nombre a pesar de que decía que había que violarse a la Srta. Constitución cada vez que fuera necesario y pasó piola sin que nunca nadie, ni siquiera el MeToo lo denunciara o colgara en la plaza pública..
Serafín Rodríguez says:
¿Estado de QUÉ?