Amnistía: la impunidad le hace mal a Chile

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La ley 2191 tiene la firma de Mónica Madariaga en ese entonces ministra de Justicia de la dictadura militar. Era el día 18 de abril de 1978

Esta ley concedía impunidad para todos aquellos que hubieran cometido delitos entre 1973-1978. No hace distinción entre delitos de carácter común o donde hubiera participación de militares, agentes del estado o civiles que colaboraron con la represión posterior al golpe militar.

Dos informes sobre violaciones a los derechos humanos como Valech y Rettig dejaron en evidencia la criminalidad desatada por los militares. Los encontrados en los Hornos de Lonquén, los restos de presos políticos fusilados en Pisagua, la masacre de Chihuío y el Laja y tantos más, esa ley los condenaba al olvido. La dictadura entregaba entonces impunidad para deleznables crímenes hasta ese momento cometidos.

Con posterioridad continuaron los aparatos represivos CNI maltratando, asesinando y haciendo desaparecer a chilenos. Extraño resulta dado que la ley aparece luego de que el poder militar expresara que Chile ya había recuperado la calma. Desde 1978 hasta 1990 pasó más de una década.

En la amnistía de 1978 no se incluyó el asesinato de Orlando Letelier en los Estados Unidos junto a una ciudadana norteamericana. Aquel acto de criminalidad comenzaba por Pinochet, pasaba por Contreras, Fernández Larios y cubanos de Miami.

La UDI afirma que es necesario se dicte una ley de amnistía para los responsables de delitos (acciones) cometidos en el marco de la revuelta de octubre. Luz Ebensperger/Jorge Alessandri/Rodolfo Carter. Solicitan que sea para funcionarios policiales y militares que hayan sido condenados o formalizados por delitos cometidos en el contexto de esos días de octubre.

Su pedido no llama la atención, pero deja en evidencia una precariedad en la interpretación del derecho que está en alguna esquina de lo justo y razonable. Refleja también y una vez más que cuando existe criminalidad uniformada ellos salen en su defensa. La paz social del país lo necesitaba, aquello tan parecido al llamado del alma de la patria el 11 de septiembre.

Los grupos económicos tienes sus empleados en el parlamento y los uniformados sus voceros en la derecha y también en sus nuevos cercanos.

Los delitos cometidos por los uniformados son graves gravísimos y deben resolverlos los tribunales. Existe la presunción de inocencia, la legítima defensa. Ningún uniformado fue llevado a un subterráneo para someterlo a torturas.

Estos banderilleros de la derecha y otros sin reparo manifiestan que los uniformados salieron en defensa de la patria para salvar la república. La corta mirada sencillamente alcanza la altura de la punta de sus zapatos/botas.

Extrema razones encontraron esos desarrapados, que hastiados del retraso, miseria y aceptación del modelo los mantienen en precarias condiciones de vida. Pensiones, salud, educación, es que es tan necesario y tan poco lo pedido como dice la cantata. Y no ha ganado nada.

Los Estados de forma permanente proponen mecanismos para asegurar las conquistas de los pueblos y derechos para sus ciudadanos, aquello para la derecha tiene muy poco valor. Ante todo, están sus derechos y su capital. Esa patente de corso que le entrega ser el 1% más poderoso con su caja para financiar la política que debe ser como ellos la necesitan.

La UDI y sus otros acólitos de tarde en tarde lanzan fumarolas para intentar lo que desde Punta Peuco les piden. Piñera les prometió fórmula que posibilitaran su salida de prisión y les mintió, la familia militar se enojó y llamó a JA Kast.

¿En la propuesta de una nueva amnistía también se incluiría a la alta oficialidad por robo, falsificación de instrumento público, prevaricación, malversación de fondos y recursos públicos ?

Esa estrecha mirada derechista que llega a la altura de sus zapatos/botas y que también es acompañada del socialismo democrático como se definen, exigen que los fiscales Armendáriz y Chong sean separados de las causas que están investigando más de mil causas donde está involucrado el actual director general de Carabineros.

Bajo transita el general Yáñez junto a una corte de salvadores sosteniendo que dadas las condiciones de seguridad del país, no es posible hacer cambios en la institución en cuestión. El asunto no es así. Se trata de hacer justicia, eso nada más. No se está frente a una copia del asunto Dreyfus. La culpabilidad o inocencia la determinan los tribunales de justicia, no unos bien pagados y confortables diputados o senadores.

Sin amnistía quedó en el olvido la propuesta de una nueva policía, democrática y que transite por el país con una visión de integración y preventiva, menos militarizada. Cientos de chilenos con graves traumas oculares, maltratados y muertos son sencillamente la necesidad de alterar con urgencia, la evidente  criminalidad uniformada.

El general Yáñez debe estar en tribunales. Su autoridad es la que debe juzgarse, las fuerzas especiales no dependen del ministerio del Trabajo. Él es el director general de su institución y como tal no debe bajo precarios pretextos no hacerlo.

La UDI y sus cantaores desafinados pidiendo amnistía para la criminalidad uniformada. La derecha y una de las dos almas de gobierno cerrando cortinas mientras huele a podrido por todas las esquinas.

Así no hay honor. No a una amnistía entonada por la UDI. Carabineros que responda frente a tribunales. Los jueces no comen niños, sencillamente aplican justicia.

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