Asesinatos intolerables y reacciones indebidas

Emboscar y asesinar cruelmente a tres suboficiales de Carabineros en Cañete cuando realizaban un patrullaje en cumplimiento de su deber es un crimen intolerable. Si se trata de algún grupo armado irregular, que en principio no incluye a la CAM puesto que esta organización se ha manifestado en contra de los ataques a personas, que nadie busque una justificación por alguna lucha, y todavía menos en democracia. Esto no es propio ni de resistentes ni de revolucionarios, sino de desquiciados profundamente confundidos.

Si se confirmara que este asesinato a mansalva proviene de algún grupo radicalizado mapuche, cabe señalar, como reflexión más general, que la inserción en la democracia, por ejemplo creando un partido político nacionalista mapuche, es un espacio tanto más constructivo y eventualmente fructífero para lograr grados de autonomía política y económica de su pueblo, en el marco de un Estado de derecho. Optar por declararle la guerra al Estado democrático en nombre de volver a la situación previa a 1541 es una quimera identitaria que enfrenta a pueblos con pueblos, crea situaciones de tolerancia social a violaciones a los derechos humanos y prefigura una opción de sociedad autoritaria y violenta, además de ser de una completa ineficacia. Ninguna facción armada, incluso bien financiada por tráficos ilegales diversos, podrá llegar a tener la capacidad de enfrentar, con alguna probabilidad de éxito en las condiciones de Chile, a fuerzas estatales muy superiores en número, armamento y capacidades. Para no mencionar cuánto las acciones armadas contra instalaciones productivas en el territorio mapuche y, peor aún, los asesinatos de personas civiles y uniformadas, hacen retroceder la lucha por una causa tan legítima como terminar con la histórica opresión y marginación del pueblo mapuche -y otros pueblos originarios- y dar lugar a las reparaciones correspondientes.

La respuesta del Estado democrático debe ahora ser firme y reafirmar su base esencial de legitimidad: respetar y hacer respetar la ley. Ya en el pasado los gobernantes democráticos y la izquierda debieron enfrentar asesinatos como el de Edmundo Pérez Zujovic y el de Jaime Guzmán, junto al de policías de manera indiscriminada. Lo hicieron con prontitud y eficacia, procurando siempre respetar la legalidad, lo que seguramente ahora también ocurrirá. La derecha está llamada a no buscar utilizaciones políticas como las que suele hacer para llevar agua a su molino autoritario y a su nostalgia de la dictadura.

Pero habían pasado pocas horas después del crimen de los suboficiales y Chile Vamos pidió mantener al general Yáñez en su cargo, aunque vaya a ser imputado por la justicia por no haber impedido graves lesiones contra personas cuando era director de Orden y Seguridad en Carabineros durante los hechos de 2019-2020.

Cabe preguntarse: ¿debe un atroz crimen contra tres policías cambiar una política respecto al reemplazo de los oficiales imputados por la justicia y, más en general, la prevalencia de la autoridad civil sobre las policías, que se traduce en la renovación periódica de los mandos? ¿No es ese un principio elemental de toda República en forma?

Además, la coalición de derecha Chile Vamos, para no quedarse corta en la manipulación de un hecho tan sensible y condenable, pide que el gobierno otorgue la suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley presentado recientemente en el Senado por ellos mismos y que «concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por hechos acaecidos en el contexto del denominado estallido social». Nótese que esto incluye al condenado por lesionar gravemente y dejar sin visión a su colega Fabiola Campillay.

¿Desde cuándo un crimen está llamado a exculpar crímenes previos? ¿Esa es la concepción de la justicia de Chile Vamos?

Gonzalo Martner