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Marcela Cubillos y su boicot a la educación pública en Chile

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En medio de la ola de escándalos de corrupción que atraviesa la Municipalidad de Las Condes, a la actual alcaldesa Daniela Peñaloza no se le ocurrió nada mejor que salir a poner trabas, boicotear y hasta desinformar para revertir el proceso de desmunicipalización de la educación, el cual es parte de la ley 21040 (1).

Es lo evidenciado por la alcaldesa de Las Condes, que en vez de facilitar las condiciones para el traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), está solicitando postergarlo, junto a las y los alcaldes de La Reina, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea, apelando a que dañaría la educación pública en dichas comunas en este momento.

Pero lo más grave de todo, es lo declarado por la candidata a alcaldesa a Las Condes y ex ministra de educación del último gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, quien más que postergar el traspaso de los colegios a los Servicios Locales de Educación Pública, quiere que los parlamentarios reviertan la ley, llamando explícitamente a una contrarreforma educativa (2).

En otras palabras, en vez de plantear alternativas para una mejor implementación de la reforma o corregir algunos aspectos de ella, Cubillos quiere volver el tiempo atrás, como si la municipalización de la educación en Chile no hubiese sido un desastre y un proyecto explícito de destrucción de la educación pública.

El fanatismo neoliberal es tan fuerte en Cubillos, que si dependiera de ella, dejaría a toda la educación municipal a merced de corporaciones sin control alguno de Contraloría, en cuanto a los recursos y su gestión. Tal como pasó por décadas en Chile, causando que muchos municipios arrastren aún enormes deudas previsionales con docentes y faltas a la probidad, dejando en completo abandono a las comunidades educativas.

Lo mismo con respecto al lucro, el cual seguramente Marcela Cubillos reincorporaría nuevamente a los colegios particulares subvencionados que reciben aporte estatal, yendo así contra la ley de inclusión y retomando un camino de profunda segregación y apartheid escolar en el país, generando mayor desintegración social y diferencias que solo dividen la sociedad y estigmatizan a muchos.

En consecuencia, para Marcela Cubillos lo mejor sería que se cayera la reforma educacional iniciada por Michelle Bachelet el 2014, para volver a lo que había antes, sin importar que eso conllevara al fin de la educación pública y la exclusiva administración de privados de establecimientos educacionales. La desaparición de la educación pública sería algo inédito en el mundo, en cualquier democracia actual, vulnerando así derechos básicos.

Con esto no digo que el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública no haya sido demasiado lento y que no haya muchas cosas por mejorar, como la falta de infraestructura básica en establecimientos educacionales, así como la peligrosa carencia de equipos profesionales que efectivamente tengan amplia experiencia y cumplan con criterios de excelencia.

Del mismo modo, me parece clave cambiar el sistema de financiamiento para darle certezas a los establecimientos e incorporar una participación más activa y vinculante de las comunidades educativas en la gestión de los SLEP, para así fortalecer una implementación de una ley a la que le ha costado muchísimo posicionarse como nos gustaría.

Por lo mismo, no podemos olvidar que los SLEP arrastran una herencia municipal desastrosa, como ha ocurrido en Atacama, por ejemplo (3), así como una desigualdad territorial profunda y un sistema educativo fragmentado, por lo que se necesita urgentemente que el Estado esté a la altura y que no reproduzca una realidad que solo perjudica a las comunidades educativas, especialmente a las y los estudiantes.

Si bien el proyecto enviado al congreso por el gobierno de Gabriel Boric, que busca sancionar a las y los alcaldes que se comportan de manera irresponsable y entorpezcan el traspaso de colegios municipales a los SLEP, es positivo (4), falta mucho camino aún para que esta ley se implemente bien y tenga los resultados esperados por el bien de Chile.

Dicho lo anterior, esperemos que todos los sectores políticos, sin excepción, entiendan que no se puede seguir jugando más con la educación pública y el futuro del país, y que voces reaccionarias como la de Marcela Cubillos, sean solo un mal recuerdo de un pasado oscuro del país, que impuso un modelo educativo privatizador e injusto, sin probidad e insostenible para la convivencia democrática en el país.

Por Andrés Kogan Valderrama



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Andrés Kogan

Sociólogo Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable Diplomado en Masculinidades y Cambio Social Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea Con cursos de Doctorado en Estudios Sociales de América Latina Profesional de la Municipalidad de Ñuñoa Militante de Convergencia Social

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