El gran empresariado a la ofensiva
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En 2023, la organización de defensa de los consumidores CONADECUS solicitó cuatro medidas al Tribunal de la Libre Competencia para abordar la alta concentración económica prevaleciente en Chile: permitir solo dos capas societarias en los grandes conglomerados; impedir que un grupo que desarrolle actividades industriales o extractivas posea empresas financieras; considerar los niveles de concentración económica agregada de los grupos a la hora de realizar concesiones con el Estado y, finalmente, abrir un registro público de grupos empresariales. Los grandes grupos se lanzaron de cabeza en el tribunal contra estas medidas de limitación de la concentración económica.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grünberg, no las ha considerado necesarias y sostiene que existen herramientas legales para abordar la preocupación expresada en la institucionalidad de la libre competencia. El Fiscal declaró en La Segunda que «la robustez de nuestra institucionalidad de libre competencia nos permite abordar en forma adecuada y oportuna estos riesgos anticompetitivos. Por un lado, de manera preventiva, mediante el control de operaciones de concentración, la prohibición del interlocking y la notificación de participaciones minoritarias en competidores y, por otro lado, desde el punto de vista sancionatorio en la medida en que las entidades que forman parte de los conglomerados incurran en conductas anticompetitivas».
No obstante, advirtió que «estimamos que este procedimiento que lleva adelante el TDLC sobre la participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía es una oportunidad para impulsar medidas que favorezcan una mayor transparencia, específicamente respecto a las relaciones societarias y de los beneficiarios finales en conglomerados empresariales”.
El estudio que la FNE llevó a cabo detectó 5 riesgos:
– falta de transparencia en la conformación de los conglomerados empresariales;
– acceso a información estratégica no pública por parte de las empresas pertenecientes a conglomerados sobre mercados en los cuales participan otros miembros del grupo;
– apalancamiento de poder de mercado entre entidades de un mismo conglomerado;
– discriminación arbitraria y distorsiones en la asignación eficiente de capital, derivado de la participación simultánea de los conglomerados en actividades del sector financiero y real, así como del flujo de información entre las empresas relacionadas;
– coordinación oligopólica, que se incrementa en mercados concentrados y cuando existen vínculos personales o societarios que tiendan a generar incentivos a no competir intensamente.
El tema de fondo es que no se trata de riesgos menores sino de prácticas extendidas, que la FNE debiera abordar con diligencia y prontitud usando la legislación vigente o pidiendo legislación adicional que le permita actuar. El informe destaca una serie de proyectos de ley para transparentar la estructura societaria de las empresas, iniciativas que aún no se aprueban y que contemplan la creación de un registro de beneficiarios finales, para «la prevención de la corrupción, el crimen organizado, lavado de activos, evasión y elusión tributaria».
La ley contra los delitos económicos vigente desde el 17 de agosto de 2023, también resistida por el gran empresariado, ya fue un avance en la materia. Esta ley sistematiza los delitos económicos y los atentados contra el medioambiente, a la vez que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas e incluye la responsabilidad legal de los directores y gerentes de empresas, mientras se introducen agravantes cuando los ejecutivos participan activamente en un delito. Según Verónica Benedetti, de Deloitte Forensic, «esta ley representa un salto cuántico, ya que alinea a Chile con los estándares internacionales en la prevención de delitos económicos».
Estos desarrollos tal vez explican que los grandes empresarios se estén lanzando directamente contra Bachelet y Boric. Lo más notable es que no hacen mención alguna a la rebelión social de 2019 y al llamado a la inmigración venezolana bajo Piñera, como si el bloqueo institucional de la derecha y las conductas empresariales y de los propios gobiernos de la derecha no tuvieran nada que ver con los acontecimientos recientes en el país, sino solo los gobiernos encabezados por figuras de izquierda.
Un ejemplo: el presidente de Carozzi, Gonzalo Bofill, en carta a los accionistas incluida en la última memoria de la compañía, entró de lleno a la arena política. Esto no ocurre en ningún país comparable con los ejecutivos de empresas. En la carta afirma cosas como que «hoy somos más pobres que hace 10 años». Esto es totalmente falso, pues el PIB es un 19,9% superior en 2023 que en 2013, según el Banco Central. El PIB per cápita a paridad de poder de compra, por su parte, pasó de 22.296 dólares en 2013 a 29.935 en 2023, según el FMI.
Bofill agrega que «la economía redujo su capacidad de crear empleos», citando cifras de la Universidad de Chile, que son solo de Santiago, y no las del INE, «con lo que entre 2004 y 2013 se generaron 206 mil empleos promedio por año, pero entre 2014 y 2023 esta cifra bajó abruptamente a 93 mil». Nótese que en los años recientes mencionados, Piñera gobernó durante 4 de ellos. En todo caso, las personas ocupadas en Chile pasaron de 8,0 millones en 2013 y a 9,1 millones en 2023, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Los puestos de trabajo crecieron al 1,2% promedio anual en ese período, para el cual existe una serie de encuestas de empleo de metodología homogénea. Esta es una buena cifra dado el crecimiento de 1,8% promedio anual del PIB en el mismo período, lo que arroja un coeficiente empleo/producto de 0,7, una cifra comparativamente muy alta. En cambio, en la crisis pandémica, gobernada por Piñera, la pérdida de empleos fue porcentualmente superior a la caída de la producción, lo que no ocurrió en muchos otros países que preservaron el empleo. La recuperación posterior ha sido lenta por las políticas de ajuste del Banco Central, un reducto ortodoxo en la actualidad que los grandes empresarios no cuestionan.
Sigue Bofill en su carta a los accionistas con críticas a la reforma educacional, en circunstancias que siempre la derecha y el gran empresariado han puesto dificultades a la educación pública que requiere ser fortalecida y no administrada de manera dispersa y desigual. También recusa la reforma tributaria de muy poca envergadura de Bachelet II, que no ha detenido ni la inversión ni el crecimiento. Estos se han visto afectados recientemente no por el gobierno sino por la equivocada ortodoxia de la política monetaria «autónoma», dirigida por una funcionaria de Libertad y Desarrollo vinculada a la UDI. Pero Bofill, sobre todo, critica la reforma política, que se ha remitido a terminar con el sistema binominal -y en el Senado no totalmente, donde la desigualdad del voto sigue siendo flagrante en detrimento de las regiones más pobladas- que permitía a la derecha empatar los escaños con un tercio de los votos. La cuestión de la fragmentación de partidos tiene una solución simple con el umbral de 5% de los votos para entrar al parlamento. Bofill y los suyos apuntan a rechazar que se haya disminuido los quórum antidemocráticos de aprobación de leyes, y ahora baste con la mayoría de los electos para aprobar las leyes orgánicas, y de reforma constitucional, que ahora requiere 4/7 en vez de 2/3. Lo que este tipo de empresarios busca es retroceder a una inequidad electoral desembozada y volver a los candados contra las decisiones democráticas y a controlar el gobierno y el parlamento con pocos partidos manipulables. De lo que se trata, como siempre, es favorecer sus intereses particulares y su acumulación ilimitada de riqueza, e impedir que el gobierno y el parlamento tengan una capacidad administrativa y legislativa que exprese los intereses de las mayorías emanadas de la urnas. En lo que, por si no lo había notado, consiste propiamente la democracia.
Por Gonzalo Martner
