Revelan contrato de servicios entre el Ministerio de Salud y Luis Hermosilla
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En medio de un escenario marcado por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, surge un nuevo capítulo de controversia que ha puesto en tela de juicio la contratación de servicios del Ministerio de Salud con el abogado Luis Hermosilla. Este caso, que ha sido comunicado al presidente de la comisión especial investigadora, Daniel Manouchehri, se inscribe dentro de la polémica que rodea al denominado «caso audio» del mencionado abogado.
El contrato en cuestión fue suscrito en junio de 2022, durante la actual administración, con el objetivo de pagar cerca de 10 millones 778 mil pesos a Hermosilla. La razón detrás de este acuerdo radica en la defensa legal que el abogado habría proporcionado al exministro Enrique Paris en un proceso judicial. Sin embargo, lo que ha generado suspicacias es la fecha de suscripción del contrato: el 7 de marzo de 2022, apenas horas antes de que finalizara la administración anterior.
La falta de registro de esta fecha en el Ministerio de Salud ha levantado interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad de este proceso. La ausencia de documentación que respalde la fecha de celebración del contrato ha puesto el foco de atención en el entonces subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien deberá comparecer para explicar por qué se autorizó el pago de honorarios a Hermosilla en estas circunstancias.
“Nosotros solicitamos a todos los ministerios que nos entregaran oficios para saber en qué reparticiones el señor Hermosilla tenía contratos a contar del año 2010. Recibimos información por parte de la Subsecretaría del Interior con más de $200 millones durante los gobiernos de Sebastián Piñera en contratos con el señor Hermosilla. Pero lo sorprendente es que también llegó un contrato desde el Ministerio de Salud, firmado horas antes de la salida del gobierno de Sebastián Piñera para defender al exministro (Enrique) Paris en el caso relativo a la Pandemia del COVID», dijo el diputado Manouchehri.
En tanto, agrego: «Nos parece que estos son hechos graves que se deben investigar. No nos parece además que se estén firmando este tipo de contratos para dejar amarrados al futuro gobierno en pagos millonarios, que nosotros no sabemos cuál es la utilidad finalmente de estos pagos, si era solamente para cubrir estos casos o también era para cubrir los otros casos que pareciera que el señor Hermosilla estaba colaborando activamente. Hemos solicitado también al resto de las reparticiones para saber si también hay otros ministerios en donde se hayan firmado contratos horas antes del término del gobierno del ex Presidente Piñera. El contrato tiene fecha 7 de marzo del 2022, o sea, unos días antes de que abandonaran el gobierno”.
Este episodio no es aislado, ya que se suma a la relación previa entre la administración de Sebastián Piñera y el abogado Luis Hermosilla, que incluye contratos por más de 200 millones de pesos suscritos bajo dicho Gobierno. En este sentido, el Ministerio de Salud se encuentra ahora bajo escrutinio por la naturaleza y justificación de sus acuerdos con Hermosilla.
El documento que revela detalles sobre la contratación de servicios jurídicos especializados para la defensa de Enrique Paris durante la pandemia COVID-19 subraya el monto total del contrato y los servicios involucrados. La autorización para este trato directo con Hermosilla se basa en disposiciones legales específicas, aunque la opacidad en torno a la fecha de firma del contrato plantea dudas sobre la regularidad del proceso.
Ante este panorama, se espera que la comparecencia de Cristóbal Cuadrado arroje luz sobre las circunstancias que rodearon la contratación de Hermosilla y brinde claridad sobre la legalidad y transparencia de este acuerdo. En un contexto donde la ciudadanía demanda mayor integridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, este caso representa un desafío para las instituciones encargadas de velar por la probidad en la gestión estatal.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sólida. En este sentido, es crucial que los entes públicos actúen con diligencia y claridad en la contratación de servicios externos, garantizando que cada decisión esté respaldada por fundamentos legales y éticos que salvaguarden el interés público y la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales
