Tensiones en el abordaje de la seguridad en el gobierno del presidente Gabriel Boric
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La temática de la seguridad emerge como un asunto de gran relevancia en la opinión pública en Chile, presentando al gobierno del presidente Gabriel Boric con sus propias limitaciones y enfrentando reticencias expresadas por algunos de sus ministros, como la Ministra Carolina Tohá. El aumento de la actividad delictiva, particularmente relacionada con grupos organizados con origen en el extranjero, está adquiriendo características de un flagelo social, planteando así la necesidad de una respuesta urgente por parte del gobierno ante este fenómeno complejo, el cual involucra una multiplicidad de variables interrelacionadas.
El desafío de abordar la seguridad adquiere un carácter de primordial importancia en el contexto de la consolidación de una hegemonía discursiva e identitaria dentro del gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric. En contraste con otros dominios, como la salud, las políticas sociales y la redistribución de recursos, donde las fuerzas políticas de derecha han experimentado una disminución en su influencia identitaria, en el ámbito de la seguridad mantienen un sólido arraigo. Esta dinámica ha llevado a una parte de la izquierda, principalmente el gobierno y ciertos partidos afiliados, a adoptar un enfoque «ajeno» en la temática de la seguridad, enfocándose en la idea de represión como estrategia de abordaje.
La gestión del presidente Boric se ha enfrentado a desafíos sustanciales en su intento por establecer una narrativa dominante en torno a la violencia delictiva, interpretándola como un fenómeno arraigado en la estructura social y económica, derivado del conflicto y la desigualdad. Una de las dificultades primordiales radica en la falta de comprensión de la violencia como resultado no solo de las políticas estatales, sino también de las decisiones y acciones del propio gobierno y sus instituciones. En otras palabras, se ha evidenciado una incapacidad para reconocer cómo las políticas gubernamentales, si no abordan adecuadamente las causas estructurales de la violencia, pueden contribuir a su perpetuación. Esta carencia se refleja en la ineficacia de las políticas sociales y redistributivas para reducir los niveles de violencia social y delincuencia.
Asimismo, se observa un aumento en la desconexión entre los partidos que componen la coalición gubernamental y la base social popular. Este distanciamiento puede atribuirse posiblemente a discrepancias en la comprensión de las demandas y aspiraciones de dicha base, lo que intensifica la complejidad del gobierno para enfrentar de manera eficaz el fenómeno de la violencia social.
Desde una perspectiva sociológica, la falta de modificaciones en las bases institucionales y estatales relacionadas con la violencia, abarcando ámbitos como la educación, los sistemas de rehabilitación, la justicia y el sistema penitenciario, ha desempeñado un rol crucial en la perpetuación de esta problemática. Al examinar el contexto más amplio, se vuelve fundamental analizar la dinámica social y estructural que influye en la formulación de políticas y configura la percepción y el abordaje del peligro y su castigo. Desde esta perspectiva, se reconoce que el crimen no es meramente un fenómeno individual, sino que está moldeado por factores sociales y estructurales más amplios. Por lo tanto, la inseguridad se presenta como un fenómeno social complejo, cuyas raíces no se limitan exclusivamente a manifestaciones específicas de violencia, sino que están arraigadas en aspectos más profundos de la estructura social y las instituciones.
En la actualidad, la percepción de inseguridad, la construcción de categorías de peligro y la estigmatización de ciertos grupos sociales están estrechamente ligadas a las desigualdades sociales. Este fenómeno, que implica la percepción y representación de ciertos grupos como más peligrosos o amenazantes debido a su posición socioeconómica o cultural, no parece ser completamente reconocido por el gobierno. Esta falta de reconocimiento ha llevado a una simplificación en la forma en que se abordan estas cuestiones, lo que a su vez limita la comprensión profunda de las causas y consecuencias de la inseguridad social.
El gobierno se encuentra ante el desafío de articular un discurso que destaque la relevancia de la prevención y la protección social en la gestión de la inseguridad, según la perspectiva de la opinión pública. Sin embargo, ha enfrentado dificultades para comunicar de forma eficaz los avances institucionales y políticos en este ámbito. Esta situación ha llevado a que su discurso se vea influenciado por la retórica de la represión y la «mano dura», conceptos típicamente asociados al pensamiento de la derecha.
Por su parte, el tema de la seguridad se ha vinculado estrechamente con la percepción hacia determinados grupos extranjeros (venezolanos y colombianos, principalmente), tal como se evidencia en los comentarios recientes del cantante Pablo Herrera, los cuales tienen un impacto notable en la vida diaria del país. En el contexto del pensamiento de las derechas, se plantean ideas que enfatizan la aplicación de la doctrina de tolerancia cero en materia de seguridad, así como la preferencia por estrategias de represión y encarcelamiento como medidas eficaces frente a la violencia social. En este sentido, se observa en redes sociales expresiones como “hay que matarlos a todos”, reflejando posturas extremas en este ámbito. Asimismo, se critican las políticas económicas de redistribución, proponiendo reducir la intervención estatal y las cargas sociales asociadas a él.
Además, las derechas plantean una crítica respecto a la efectividad de las políticas de transferencias sociales, sustentada en la preocupación de que el asistencialismo pueda generar una disminución del incentivo al trabajo en los estratos socioeconómicos más bajos. En este sentido, propugnan por un sistema educativo que establezca circuitos escolares diferenciados en función de las supuestas capacidades naturales y el origen social de los individuos. Además, promueven una visión del mercado como mecanismo regulador de la sociedad, sosteniendo la defensa del derecho de propiedad como un elemento fundamental y estructural de la misma.
La estratificación social se conceptualiza como un fenómeno que se percibe como inherentemente «natural», donde la desigualdad social se interpreta como el resultado de diferencias individuales e irreversibles en las capacidades de las personas. Se critica abiertamente el reconocimiento y la legitimidad de nuevas identidades sexuales y formas de organización familiar, lo cual ha sido denominado por algunos actores, como José Antonio Kast, como una «dictadura gay». Asimismo, se cuestionan los derechos reproductivos. En el ámbito judicial, se promueven respuestas punitivas en lugar de medidas socioeducativas, y se rechazan políticas orientadas hacia la reinserción y la protección social. Estas posturas, que subyacen en un enfoque conservador, plantean un desafío significativo en el debate social y político, ya que tienden a perpetuar y legitimar las desigualdades estructurales existentes en la sociedad.
Las visiones de las derechas están adquiriendo una creciente visibilidad en el discurso público, emergiendo como actores relevantes en el ámbito del debate social y político contemporáneo. De acuerdo con las reflexiones de Garland en su obra «The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society«, se argumenta que no es tanto la incidencia del crimen o el conocimiento sociológico sobre el castigo lo que modela las políticas pertinentes, sino más bien la percepción que se tiene del problema del crimen y las posturas ideológicas que impulsan dichas políticas. En consecuencia, esta perspectiva de Garland sugiere que la cultura de control social tiende a adoptar enfoques más conservadores, especialmente en contextos donde los partidos de izquierda ostentan el poder político.
La temática de la seguridad, en efecto, ha revitalizado a las derechas, que habían perdido terreno después del estallido social y los crecientes problemas de desigualdad en el país.
Fabián Bustamante Olguín
Doctor en Sociología. Académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte
Bibliografía
Garland, David (2002). The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago Press, Chicago.
