Colombia: Experta de la ONU llama a implementar el Acuerdo de Paz como una política de Estado
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La Experta Internacional de Derechos Humanos de la ONU Antonia Urrejola llamó al Estado colombiano a implementar el Acuerdo de Paz de 2016 como una política de Estado y asegurarse que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas.
En su informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Urrejola identifica los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Estos incluyen los que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2023, y formula recomendaciones para contribuir a la construcción de paz en Colombia.
El informe recoge avances en ciertos aspectos del Acuerdo, referentes a la reforma rural integral y la justicia transicional. Destaca, además, que el 80% de las personas firmantes del Acuerdo siguen comprometidas con el proceso de reincorporación a la sociedad, a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas.
El Acuerdo de Paz de 2016 es una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, señala el informe, haciendo hincapié en la necesidad de que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se implementen progresiva e independientemente de las coyunturas políticas, con énfasis en las medidas tendientes a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El informe destaca que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para impulsar su implementación y consolidar la confianza ciudadana en lo pactado, pero que ese periodo estuvo marcado por un contexto político hostil al Acuerdo. Esto resultó en una implementación desigual y en ataques contra el sistema de justicia transicional.
El informe señala que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de “Jesús Santrich”, ex integrante de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz.
El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.
“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, dice el informe.
En el informe, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023, y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación.
“La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.
El informe recomienda “respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes.”
Además, el Estado debería revisar y adecuar los procedimientos legales para que los procesos de extradición de ciudadanos colombianos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz.
La experta también llama a crear una instancia al más alto nivel gubernamental que tenga las facultades para liderar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional, y que cuente con los recursos financieros para hacerlo.
La experta recomienda implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, con enfoque territorial y participativo, asegurando los recursos adecuados.
“La desarticulación de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son ejes fundamentales en la consolidación de la paz”, dice el informe.
La experta pide al Estado colombiano redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental.
