Manouchehri aborda el «Caso Hermosilla» como la punta del iceberg de una compleja trama de corrupción: Cámara cita a declarar a Andrés Chadwick
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En medio de una serie de revelaciones explosivas en torno al denominado «Caso Hermosilla», el diputado Daniel Manouchehri, presidente de la Comisión Investigadora por el «Caso Audios» y miembro del Partido Socialista (PS), ha hecho eco de las preocupaciones que rodean este escándalo. En sus declaraciones recientes, el legislador no ha dudado en describirlo como una parte visible de una compleja red delictiva, que ha denominado «Tren de Vitacura».
La reciente declaración del abogado Luis Hermosilla ante la Fiscalía ha dejado al descubierto una serie de aspectos perturbadores, entre ellos, su afirmación de tener «más de mil contactos» en su teléfono, incluyendo funcionarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros. Estas revelaciones han suscitado una profunda preocupación entre la opinión pública y han avivado la urgencia de esclarecer la magnitud de esta red de influencias y corrupción.
Para el diputado Manouchehri, estas revelaciones representan solo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal. Ha destacado la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles, incluida la Comisión Investigadora, para arrojar luz sobre este entramado oscuro. Además, han interpuesto una querella y citado a figuras clave, como el ex ministro Andrés Chadwick y el ex ministro Rodrigo Delgado, en busca de respuestas sobre la posible complicidad y connivencia en estos hechos.
El legislador no ha dejado ningún cabo suelto en su búsqueda de la verdad. Ha solicitado la comparecencia del presidente de la Corte Suprema para investigar cualquier indicio de infiltración de esta red de corrupción en el poder judicial. Desde la nominación de jueces hasta la posible influencia en fallos judiciales, cada aspecto será examinado minuciosamente en busca de cualquier indicio de irregularidad.
Manouchehri también ha señalado la posibilidad de que Hermosilla haya cometido delitos relacionados con su función pública, especialmente considerando sus millonarios contratos con el gobierno de Piñera. En este sentido, ha enfatizado que este caso no puede quedar impune y que se debe actuar con contundencia para garantizar la transparencia y la justicia.