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¿Prejuicios ideológicos?

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Desde Los Vilos, no tan lejano a Tongoy, el presidente Gabriel Boric declaró el 21 de marzo que “desde la política, yo invito a que nos despercudamos de viejos prejuicios generalizados hacia la empresa y las evaluemos en función de su desempeño y de sus obras. Y también invito a otros sectores, en particular empresariales, a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular”.

 

La presión mediática furibunda ha querido atribuir a la izquierda tener «prejuicios ideológicos». Ha puesto de moda aquellos que supuestamente tiene «contra el orden público» y “contra la empresa”, que son falsos. Lo que tiene la izquierda, o las izquierdas, si se quiere, pues hay mucha diversidad en su seno, son objetivos, aunque haya flexibilidad en los medios. Y hay uno que es central: lograr una sociedad más libre y por tanto necesariamente más justa, pues la libertad no puede ser solo la de un grupo privilegiado de propietarios que concentra el poder y la riqueza, y de paso depreda el ambiente. Debe ser una libertad ejercida por todos los miembros de la sociedad, los que deben disponer de medios de vida dignos basados en el trabajo y en la solidaridad. Este es, además, el modo estructural de hacer retroceder la delincuencia, sin perjuicio de combatirla en cada contingencia con energía. Este no es un prejuicio, es un juicio. Mantenerse en esa postura lleva con frecuencia a confrontar a los poderes constituidos, lo que requiere una actitud, una disposición a ir contra la corriente y a resistir las presiones, las subordinaciones, los lugares comunes dominantes y las modas.

 

En efecto, la izquierda tiene un enfoque de seguridad democrática, no uno meramente represivo, y se ha hecho cargo de la seguridad en momentos decisivos de la historia de Chile, que algunos olvidan. También se le atribuye una postura «contra la empresa». En ambos casos, hay quienes se dejan llevar por esos cantos de sirena.

 

En el tema de la empresa, existe una larga tradición en la izquierda mundial, tanto socialdemócrata como heterodoxa, que nunca ha defendido el modelo de centralización económica y de estatización generalizada en que resultó la experiencia de la URSS y la China maoísta. Y que, por el contrario, defiende que la empresa es el lugar de la producción y la fuente de la prosperidad colectiva, que debe tener la mayor productividad posible (producción por hora trabajada) en equilibrio con la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo que hacen posibles las redistribuciones y la sostenibilidad del bienestar colectivo. Su visión ha sido que repartir pobreza no tiene sentido.

 

Lo que si existe en la izquierda es una visión crítica del «sistema capitalista», aquel que da todo el poder económico a pocos propietarios que maximizan utilidades, no respetan los derechos de los trabajadores y dañan el entorno y los ecosistemas, al punto de acentuar las desigualdades como nunca antes en la historia y poner en peligro la continuidad de la vida humana tal como la conocemos. Y que producen crisis periódicas con graves consecuencias sociales. Aclaremos que tampoco son aceptables empresas y servicios públicos bajo control de burocracias ineficientes y corporativas, y eventualmente corruptas, que constituyen monopolios que no dejan opciones disponibles de trabajo y consumo para la ciudadanía común.

 

Los que interesadamente ponen por delante el estalinismo soviético o el rentismo burocrático-autoritario de países como Venezuela debieran tomar en cuenta que el principal país que se declara socialista hoy en el mundo es China. Desde los años 1980, este país ha protagonizado la mayor expansión económica en el menor tiempo que conozca la historia humana, utilizando planificación y mercados, sin perjuicio de que los derechos de los trabajadores y el medio ambiente no siempre se cautelen suficientemente ni se deba compartir su régimen político de partido único, como es el caso de quienes consideramos que la democracia plural es insustituible para cualquier verdadero desarrollo equitativo y sostenible.

 

La mayor parte de la izquierda se empeña hoy en construir una alternativa al neoliberalismo (aquel que minimiza impuestos progresivos y gasto estatal, privatiza empresas y servicios públicos e impide regulaciones en beneficio del trabajo, del medio ambiente y del consumidor) a través de una economía mixta productivista que haga posible la prosperidad compartida y sostenible, haciendo declinar las actividades perjudiciales para el ambiente y la salud y expandiendo las que mejoran el nivel y la calidad de vida. Este tipo de economía incluye esferas socializadas y toda la inversión pública en infraestructuras e innovación tecnológica, las empresas estatales estratégicas y los servicios públicos que sean necesarios y posibles. Eso sí, siempre sujetos a control democrático de su probidad y resultados. Y también debe incluir a empresas privadas con y sin fines de lucro, o con motivaciones combinadas, en mercados social y ecológicamente regulados, con negociación colectiva, sindicatos y participación laboral en las utilidades. Además, debe incluir un fuerte sector social y solidario y de empresas de inserción, no basado en la rentabilidad privada, aunque con capacidad de sostenerse económicamente en el largo plazo, creador de empleo, cohesión social y territorial y diversidad cultural.

 

El tema es democratizar la economía y ponerla al servicio del bienestar de la mayoría, no ahogar a las empresas que producen bienes y prestan servicios en términos social y ambientalmente satisfactorios. Las economías mixtas con Estados de bienestar y promotores de la innovación productiva son las que han logrado en la historia la mayor prosperidad común, como es el caso de los países nórdicos y otras experiencias, no aquella que defiende y promueve el gran empresariado en Chile, basada en la concentración financiera y de los mercados y la explotación del trabajo. Este sector de la sociedad no defiende la empresa, defiende la concentración económica y los privilegios de una minoría oligárquica.

 

por Gonzalo Martner

 

 

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Gonzalo Martner

Economista, profesor de la Usach, expresidente del PS.

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