Organizaciones que luchan contra la violencia ginecobstétrica entregaron respaldo a la ley integral contra la violencia a las mujeres
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Una veintena de importantes agrupaciones reunidas por los derechos del nacimiento, profesionales de la salud y víctimas de violencia obstétrica, acudieron este lunes a La Moneda, para destacar la incorporación de este tipo de violencia en la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres, cuya reciente aprobación fuera cuestionada por un grupo de diputados de la UDI, RN, Republicanos, el PDG y el Partido Social Cristiano, quienes el viernes pasado ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnarla, cuestionando la educación sexual que está presente en la normativa, porque -a su juicio- atentaría contra la libertad de enseñanza que tienen los padres.
El gobierno anunció que buscará todos los medios posibles para poder defender la ley ante el Tribunal Constitucional.
«La semana anterior a la votación de la Ley Integral Contra la Violencia a las Mujeres en ambas Cámaras, tuvimos reuniones con representantes de todos los partidos de oposición; en especial con sus encargadas de género y mujer. Lamento mucho que todas las cosas que se han requerido ante el Tribunal Constitucional, no hayan sido materia de pregunta ni de observaciones durante esos encuentros. Todo lo que hicimos fue con un ánimo genuino de diálogo. De hecho, los artículos que la oposición votó en contra en el Senado, no fueron repuestos, aunque podíamos hacerlo en la Cámara de Diputados, porque nuestro ánimo y voluntad como Ministerio siempre ha sido hacer leyes lo más transversales posible; así fue también con la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos y con la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio», explicó la ministra de La Mujer y Género, Antonia Orellana, tras recibir la visita de numerosas organizaciones civiles y profesionales que por más de 7 años han luchado por aprobar la Ley Adriana, contra la violencia ginecobstétrica.
Dos de sus autores estuvieron presentes hoy: los diputados Patricio Rosas y Claudia Mix, quien destacó que «La ley Adriana incorpora un agrabante en el Código Penal, para sancionar las negligencias y violencia ginecobstétrica reconocida por primera vez en la Ley Integral de Violencia contra la Mujer. Esta no solo es una ley punitiva; esta ley viene a cambiar el paradigma de la forma de nacer en Chile, garantizando los derechos del parto e incluso los derechos del acompañante, que antes era invisibilizado. Estamos muy contentos por el avance que significa la Ley Integral, pero entendemos que no es suficiente sin la aprobación de la Ley Adriana. Llevamos casi siete años insistiendo en esto.»
Las agrupaciones solicitaron a la ministra impulsar la Ley Adriana, cuyo proyecto se encuentra en Segundo Trámite Constitucional en el Senado, donde esta tarde será abordado en la Comisión de Salud. «Nos preocupa que los sectores conservadores hagan indicaciones que desconfiguren la ley, que cambien su sentido original. Los profesionales de la salud que hoy nos acompañan, no solo están dispuestos a ser guiados fiscalizados y también cuidados por la esta ley. Creemos que todos los profesionales deben responder por sus actos, como cualquiera. La Ley Adriana le da forma y fondo a la Ley Integral Contra la Violencia a la Mujer; sin su aprobación, esta solo incorpora el concepto, pero para que no sea solo una cáscara, tenemos que aprobar esta otra ley. La forma de nacer sí importa», concluyó la diputada.
Mientras algunos sectores siguen reacios a modernizar, humanizar y velar por la salud física y mental del que está por nacer y sus padres, la Red Salud Mental Perinatal, la Asociación de Estudiantes de Obstetricia de Chile, Ginecólogas Chile, la Sociedad Chilena de Gestión de Matronería, Corporación Miles, Maternas Chile, Casa Mamá, Red Desear, Fundación Humanas, OVO Chile, Relacahupan, la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, Matria Fecunda, Mil Relatos Más, Madre Nativa, Red Nacer Madre, entre otras, luchan por cambiar el paradigma y la forma de nacer en Chile, donde ocho de cada diez mujeres reconocen haber sufrido violencia ginecobstétrica en alguna de las etapas de la gestación, parto y postparto.
Estudios revelan que más del 40% tuvo una episiotomía, al 30% se les practicó la maniobra de Kristeller, cuya aplicación ha sido motivo de discusión incluso en clínicas privadas. Más del 60% de las paturientas no
pueden estar acompañadas durante el parto en los hospitales.
Ignorar el dolor de las pacientes, no informar los procedimientos que se le están realizando, programar cesáreas sin justificación, dificultar la entrega de anticoncepción o esterilización voluntaria. Además de negligencias que dejan graves secuelas en los recién nacidos, no pueden seguir siendo invisibilizadas ni quedando impunes.
La Ley Adriana defiende los principios de dignidad en el trato, autonomía de la mujer, privacidad, confidencialidad, interculturalidad, derechos humanos y transparencia. Contempla además la prevención y la educación.
René Santana, representante de la Sociedad Chilena de Gestión de Matronería SOCHIGEMA, señaló: “vemos con muy buenos ojos esta ley, porque visibiliza el proceso de atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres desde una mirada integral, desde las prestaciones que se entregan en atención primaria, hasta el nivel terciario, cuando finalmente acuden a las maternidades a tener a sus bebés. Creemos que esta ley eleva los estándares, fija un estándar a nivel nacional el cual va a ser una oportunidad de crecimiento para todos los hospitales y todas las maternidades a lo largo de Chile y para el desarrollo del ejercicio profesional en esta área.
