Alfa Carbón: Corte Suprema confirma condena de agentes de la CNI por asociación ilícita y homicidios
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La Corte Suprema ha ratificado las condenas contra un grupo de agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) por su participación en los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Estos crímenes, que incluyen asociación ilícita y homicidios calificados de Nelson Adrián Herrera Riveros, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala, ocurrieron en agosto de 1984 en el marco de la operación conocida como «Alfa Carbón».
En una decisión unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó las sentencias que condenaron a los responsables. Marcos Spiro Derpich Miranda y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla fueron sentenciados a 20 años y 5 años y un día de presidio, respectivamente, como coautores de los homicidios calificados y asociación ilícita. Jorge Camilo Mandiola Arredondo y Luis René Torres Méndez fueron condenados a 15 años y un día de presidio, como coautores de varios homicidios calificados.
Asimismo, otros agentes de la CNI recibieron condenas de 10 años y un día de reclusión por su participación en los homicidios calificados de las víctimas. Estas sentencias representan un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como en el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura.
El fallo de la Corte Suprema destaca la existencia de una asociación ilícita dentro de la CNI, cuya finalidad era llevar a cabo actividades ilícitas para perseguir y eliminar a los miembros de movimientos políticos opositores al régimen militar. La sentencia subraya que esta asociación operaba al margen del control jurisdiccional, con la clara intención de cometer crímenes contra la población civil.
Los hechos descritos en la sentencia revelan la brutalidad con la que actuaron los agentes de la CNI, quienes llevaron a cabo detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática. Las víctimas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas sin ningún tipo de juicio previo, en un claro atentado contra los derechos humanos y el Estado de derecho.
La decisión de la Corte Suprema de ratificar estas condenas es un paso crucial en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los valores democráticos en Chile. Es un recordatorio de que los crímenes cometidos durante la dictadura no deben quedar impunes y de que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.
En conclusión, la ratificación de estas condenas por parte de la Corte Suprema es un avance significativo en el camino hacia la verdad y la justicia en Chile. Es un mensaje claro de que los crímenes cometidos durante la dictadura no serán olvidados ni ignorados, y de que aquellos que perpetraron estos actos de violencia serán llevados ante la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
