La industria salmonera y su oscura influencia en las decisiones políticas

La batalla por la protección de los espacios marinos y los derechos de los pueblos originarios ha alcanzado un nuevo capítulo con la reciente votación en la Comisión de Uso de Borde Costero (CRUB) de Aysén. El 29 de febrero, las fuerzas empresariales de la industria salmonera, respaldadas por representantes del Gobierno de Gabriel Boric, rechazaron rotundamente la creación de dos Espacios Costeros Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), una medida solicitada por comunidades Mapuche Williche bajo la Ley Lafkenche (20.249). Este hecho, analizado minuciosamente por el Centro Ecoceanos, pone en evidencia una realidad alarmante: el poder desmedido de la industria salmonera y sus consecuencias nefastas para el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

El informe elaborado por Ecoceanos arroja luz sobre una serie de tácticas utilizadas por la industria salmonera para influir en las decisiones políticas y socavar cualquier iniciativa que amenace sus intereses económicos. Desde campañas de desinformación hasta presiones sobre funcionarios y dirigentes comunitarios, la estrategia de la industria es clara: bloquear cualquier medida que restrinja su expansión y control sobre los recursos marinos.

El caso de las ECMPO es paradigmático. Años de dilaciones en la tramitación de estas solicitudes, en clara violación de los plazos establecidos por la Ley Lafkenche, revelan una clara falta de voluntad política para reconocer y proteger los derechos de los pueblos originarios. Además, la presencia de concesiones salmoneras en áreas cercanas a las solicitudes de ECMPO, muchas de las cuales operan al margen de la ley, subraya la urgente necesidad de una regulación efectiva y un control ambiental riguroso.

«El Parlamento, los sucesivos gobiernos de turno y la presión empresarial habían retrasado ocho años la tramitación de la ECMPOs de la comunidad de Cisnes (2016) y siete años la de islas Huichas (2017), a pesar de que la propia Ley Lafkenche indica que todo proceso de tramitación no debiera tardar más de 3 años. Actualmente, en esta área de expansión de la industria del salmón existen solicitudes de comunidades indígenas que llevan más de 10 años en espera, debido a las dificultades que colocan los servicios estatales que intervienen en el proceso.

Los gremios empresariales que integran la Sofofa señalaron que se oponían porque “la exclusividad de un pequeño grupo de personas en extensos terrenos se contrapone con el principio de desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente que promueve la política actual de borde costero”. Esto, en el contexto de la existencia de 335 concesiones salmoneras en el área».

Las reuniones clandestinas entre ministros y empresarios salmoneros han sido otro punto de controversia. Estas negociaciones, lejos de ser transparentes, parecen tener como objetivo debilitar y modificar la Ley Lafkenche para favorecer los intereses de la industria pesquera en desmedro de las comunidades locales y el medio ambiente. La participación activa de altos funcionarios del gobierno en estas reuniones, como el ministro de Economía, Nicolás Grau, genera serias dudas sobre su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

«La industria salmonera utiliza actualmente a ciertos dirigentes de organizaciones de pescadores artesanales y de buzos para presionar y acceder a los aún abundantes y valiosos recursos que existen en las zonas con presencia de comunidades indígenas.

Esta estrategia cuenta con el apoyo del ministro de Economía, Nicolás Grau, participante en las cuestionadas reuniones secretas con el empresariado en la casa del lobista Pablo Zalaquett. Grau señaló al diario El Mercurio un día antes de la votación, que la Ley Lafkenche debía revisarse: «creemos que, por distintas razones, la implementación de esta ley ha generado algunos de estos conflictos», agregando que parte de esas tensiones se explican por la dificultad de “definir bordes».

«Si una ley sistemáticamente empieza a generar problemas, probablemente hay que revisar cómo está estipulado eso en la ley. Es una conversación que por lo demás está ocurriendo en el Parlamento, hay una moción parlamentaria que discute esos bordes», acotó Grau.»

En este contexto, las comunidades de pueblos originarios y las organizaciones socioambientales continúan su lucha por la defensa de los océanos y la biodiversidad marina. Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, advierte sobre el poder desmedido de la industria salmonera y la necesidad urgente de reevaluar las relaciones entre el gobierno y los intereses empresariales.

En resumen, el análisis de Ecoceanos deja en claro la urgencia de tomar medidas para proteger los derechos de los pueblos originarios y salvaguardar el medio ambiente marino. Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad y prioricen el bienestar de las comunidades y el medio ambiente sobre los intereses económicos de unos pocos. En última instancia, la preservación de nuestros océanos y la garantía de justicia social son objetivos que todos debemos perseguir con determinación y compromiso.