Quito intenta arrestar en embajada de México al ex vicepresidente Glas

El gobierno de Ecuador pidió a la embajada de México en Quito permiso para que agentes de seguridad ingresen a la sede diplomática y cumplan con una orden de aprehensión contra el ex vicepresidente Jorge Glas Espinel.

El ex funcionario del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, permanece desde el 17 de diciembre de 2023 en la embajada mexicana, donde pidió protección con el argumento de que teme por su seguridad y libertad personal, según ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Los abogados de Glas han señalado que su representado solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano el 20 de diciembre; sin embargo, no se ha reportado si la solicitud fue procesada por las autoridades de nuestro país.

La cancillería ecuatoriana confirmó ayer en sus de redes sociales que como canal diplomático, ha solicitado a la embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de capturar a Jorge David Glas Espinel.

Glas es solicitado por la justicia ecuatoriana por su supuesta participación en un caso de peculado, del cual él se ha declarado inocente.

Hasta anoche la SRE no se había pronunciado al respecto.

Cuando Glas Espinel ingresó a la embajada mexicana, el gobierno de nuestro país señaló que en caso de que solicitara asilo político se analizaría detenidamente para proceder como corresponda, y que recabarían información sobre la base del diálogo y la colaboración con las autoridades ecuatorianas.

El ex vicepresidente ecuatoriano ha sido condenado por la justicia de su país por dos casos de corrupción y estuvo en prisión entre 2017 y 2022, cuando fue puesto en libertad.

Glas fue condenado en 2017 a seis años de cárcel luego de que la justicia del país lo declarara culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Ode-brecht a cambio de otorgar contratos estatales a la firma.

También fue condenado en 2020 a ocho años en un caso en el que también fue sentenciado Correa, por utilizar dinero de contratistas para financiar campañas electorales del movimiento político del ex presidente de izquierda.