Desafíos éticos en la revocación de pensiones de gracia: ¿Qué implica para el respeto de los Derechos Humanos?
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En una polémica medida que ha levantado múltiples críticas, el Gobierno ha decidido revocar un total de 27 pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social, según lo confirmado por la Contraloría este viernes.
La polémica estalló tras revelarse un informe de la CGR, en el cual se detectó que 58 beneficiarios contaban con antecedentes penales. Además, se destacaba que 19 de los expedientes no presentaban antecedentes médicos.
Si bien es comprensible que se tomen medidas ante irregularidades en la entrega de pensiones de gracia, la forma en que se ha llevado a cabo este proceso plantea serias interrogantes sobre la justicia y la arbitrariedad en la actuación del Gobierno.
En primer lugar, es preocupante que la revocación de estas pensiones se base en antecedentes penales sin tener en cuenta el contexto en el que se produjeron. Muchas de estas personas fueron víctimas de la violencia policial durante el estallido social, un período marcado por la represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Es justo castigar a quienes ya han sufrido tanto?
Además, la falta de antecedentes médicos en algunos expedientes no justifica automáticamente la revocación de una pensión. Muchas de estas personas pueden haber quedado con secuelas físicas o psicológicas como resultado de la represión durante las protestas, lo que justificaría su necesidad de apoyo económico.
La decisión del Gobierno de revocar estas pensiones sin una revisión exhaustiva y justa de cada caso individual parece más una medida política que busca generar titulares y apaciguar a ciertos sectores de la sociedad que han criticado la entrega de beneficios a personas involucradas en manifestaciones sociales.
Además, la discrepancia en el número de pensiones revocadas, inicialmente señaladas como 27 y luego corregidas a 25, refleja una falta de transparencia y claridad en el proceso, lo que genera aún más dudas sobre la legitimidad de estas acciones.
Es importante recordar que las pensiones de gracia son un mecanismo de reparación para personas que han sufrido daños durante conflictos sociales o políticos, y su revocación sin un debido proceso y una evaluación justa de cada caso pone en riesgo la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
En este sentido, resulta fundamental que el Gobierno actúe con responsabilidad y respeto por los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que han sido víctimas de la violencia estatal. La justicia no debe ser selectiva ni estar sujeta a consideraciones políticas, sino que debe ser imparcial y garantizar el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos.
En un comunicado público, CODEPU expresó el 20 de febrero su profunda preocupación y desacuerdo con esta medida que considera extremadamente grave y contraria a los principios de justicia y reparación.
Durante el estallido social, Chile enfrentó una de las crisis de derechos humanos más graves de su historia reciente. CODEPU denuncia la política de castigo desplegada por el Estado, la cual resultó en violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Entre estas violaciones se cuentan las muertes, los traumas oculares, las lesiones y el abuso de la prisión preventiva, prácticas que han dejado secuelas profundas en la sociedad chilena.
