Juez Urrutia ocupa desde 2023 un cargo designado por el Papa: pese al malestar de la UDI
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El nombramiento del juez Daniel Urrutia por el Papa Francisco como integrante del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) en agosto del año pasado ha desatado una intensa polémica en medio de su reciente decisión de autorizar videollamadas para reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
La medida, que buscaba beneficiar a siete internos, en su mayoría extranjeros, y al menos tres de ellos vinculados con el Tren de Aragua, ha generado un fuerte debate tanto en el ámbito político como judicial de Chile. Mientras que el nombramiento del juez Urrutia por parte del líder de la Iglesia Católica parecía ser un reconocimiento a su labor en materia de derechos sociales, su última decisión ha provocado críticas y llamados a la acción desde diversos sectores.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), establecido en el Vaticano en 2019, tiene como objetivo principal la protección y promoción de los derechos sociales desde la magistratura, enfocándose especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. La participación del juez Urrutia en este comité refleja su compromiso con los derechos humanos y su trabajo en esta área a lo largo de los años.
Sin embargo, la decisión de autorizar videollamadas para reclusos considerados de alta peligrosidad ha desencadenado una serie de reacciones adversas. Desde el ámbito político, especialmente desde la UDI, se ha solicitado a la Corte Suprema que tome medidas contra el juez Urrutia, incluida su suspensión o expulsión de su cargo. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha calificado la decisión como «ilegal» y ha instado a todas las instituciones a cumplir con sus roles establecidos por la ley.
La carrera del juez Urrutia en el Poder Judicial está marcada por un enfoque en los derechos humanos, con un diplomado en esta área realizado en 2004. Su propuesta para la adopción de medidas de reparación por parte del Poder Judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura es un testimonio de su compromiso con la justicia y la equidad.
En medio de esta controversia, la sociedad chilena se encuentra dividida entre quienes ven en la decisión del juez Urrutia una muestra de humanidad y compasión hacia los reclusos, y aquellos que consideran que compromete la seguridad pública y la aplicación adecuada de la ley. Mientras tanto, el futuro del juez Urrutia y su participación en el Copaju sigue siendo objeto de debate y escrutinio público.
