El desgarrador legado de las adopciones irregulares en Chile: Informe Anual 2023 del INDH
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El Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sacado a la luz una realidad angustiante: el Estado de Chile aún está muy lejos de cumplir con su deber de esclarecer y facilitar el reencuentro de las víctimas de adopciones irregulares. Este informe revela una serie de situaciones alarmantes que han dejado a miles de personas en la incertidumbre y el sufrimiento, sin reconocimiento ni justicia.
El capítulo 6 de este informe se sumerge en el doloroso tema de las adopciones irregulares, especialmente enfocado en los niños y niñas sustraídos entre las décadas de 1960 y 1990, tanto dentro como fuera de Chile. Se detallan cinco contextos distintos, cada uno representando un aspecto diferente de esta tragedia humanitaria: adopciones irregulares con destino al exterior, adopciones dentro de Chile, situaciones relacionadas con la infame Colonia Dignidad, víctimas menores de desaparición forzada durante la dictadura y embarazadas víctimas de desaparición forzada.
Uno de los aspectos más desgarradores que aborda el informe es el destino de los recién nacidos enviados al extranjero. Se revela que estos bebés fueron objeto de un cruel sistema de sustracción, facilitado por una red de complicidades que involucraba desde establecimientos de salud y maternidades hasta hogares de protección estatales. Métodos como la entrega de tutela del menor o la falsificación de certificados de defunción los llevaban a países como Suecia, Estados Unidos, Italia y Argentina, entre otros, donde eran adoptados ilegalmente.
En el caso de las adopciones dentro de Chile, el informe sugiere la existencia de una red similar que operaba con la complicidad de sectores privados y agentes estatales, aunque el alcance de esta práctica sigue siendo desconocido.
La trágica historia de Colonia Dignidad, con sus víctimas sustraídas y abusadas, se suma a esta oscura narrativa de injusticia y dolor. Además, se hace mención de los menores desaparecidos durante la dictadura militar, así como de las embarazadas detenidas, cuyos casos siguen sin resolución definitiva.
El informe también señala las respuestas insuficientes del Estado frente a estas atrocidades. A pesar de las querellas presentadas y las investigaciones en curso, aún no hay condenas y muchos casos enfrentan sobreseimientos temporales. Los programas gubernamentales destinados a abordar estas cuestiones han sido insuficientes, con iniciativas como el plan piloto de toma de ADN que no se concretaron.
Es evidente que el Estado de Chile tiene una deuda pendiente con las víctimas de estas adopciones irregulares. Se requiere un esfuerzo concertado para buscar la verdad, garantizar la justicia y facilitar el reencuentro de aquellos que fueron separados de sus familias de manera injusta. La creación de comisiones de verdad y la implementación de mecanismos efectivos de búsqueda y reparación son pasos cruciales hacia la reconciliación y la sanación de las heridas del pasado.
En última instancia, este informe sirve como un llamado urgente a la acción. No podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas de adopciones irregulares en Chile siga siendo ignorado o minimizado. Es hora de que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos que han sido históricamente marginados y victimizados. Solo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos.
