Catástrofe hace cambiar las prioridades
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La dolorosa tragedia del Gran Valparaíso por la propagación de los incendios forestales, con la pérdida de no menos de 131 vidas humanas – aún hay personas desaparecidas – y destrucción de unas 15 mil viviendas, deja a la vista la necesidad de pasar a un segundo plano instancias que parecían prioritarias, para abocarse por completo en lo inmediato a la atención de las familias damnificadas y emprender cuanto antes las labores de reconstrucción en una región relevante del territorio nacional.
Es la mayor desgracia de los últimos años y concentrarse en dejarla atrás asoma como imperativo para la sociedad chilena: las lenguas de fuego llegaron a campamentos de tránsito, centros de salud familiar que atendían a centenares de hombres y mujeres, el tradicional Jardín Botánico, escuelas, comercios, fábricas e industrias, sedes de unidades vecinales y clubes deportivos, buses de transporte colectivo y vehículos particulares, distintos espacios públicos, etc., todo lo cual costará mucho recuperar y restablecer.
Tanta angustia de los afectados – miles y miles – muchos de ellos pobres y de ingresos precarios, hace indispensable la presencia del Estado protector para acudir en ayuda oportuna de quienes sufrieron no solo un duro impacto emocional sino que vieron reducido a cenizas lo poco que tenían. Parte de ellos se encuentran ahora recordando a sus seres queridos que ya no están, durmiendo en carpas, otros en albergues y comiendo en ollas comunes.
Comunas de las provincias de Valparaíso y Marga Marga vivieron horas y días de pánico cuando la Naturaleza descontrolada embistió con furia contra gente sencilla y modesta que habitaba en sectores populares y cuyas viviendas eran fruto del trabajo de años. Hubo pobladores que no alcanzaron a rescatar nada y quedaron con lo puesto.
Partes altas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y en menor medida Limache fueron un infierno a partir de horas de la tarde del viernes 2 de febrero. Al término de un primer recorrido por barrios y poblaciones en llamas, la alcaldesa viñamarina fue categórica: “Es la peor catástrofe nacional”…
Efectivamente, esta reciente desgracia masiva se encuentra entre las que han golpeado con mayor inmisericorde al pueblo. Solo es superada en cuanto al número de víctimas personales y cuantía y destrucción de bienes materiales por el terremoto que sacudió al país en la madrugada del 27 de febrero del 2010.
Todo se produjo esta vez en una calurosa borlada veraniega sobre la cual meteorólogos habían advertido por los riesgos que implicaban las altas temperaturas acompañadas de fuertes ráfagas de viento. Pero no funcionaron los sistemas de alarma, ni las medidas de prevención y seguridad, ni tampoco fue suficiente el amplio despliegue de Conaf y Bomberos, ni la veintena de helicópteros que trabajaron allí. La devastación fue total y provoca estupor internacional.
El presidente de la República ha visitado los sectores afectados, conversado con la gente y anunciado múltiples medidas paliativas, incluyendo la activación del Fondo Nacional de Reconstrucción, firmó el decreto que declara zona de catástrofe que destina recursos para el trabajo que espera por delante y determinó el comienzo del pago de un bono de recuperación hasta por un millón y medio de pesos. A la vez, dispuso dos días de duelo nacional para honrar la memoria de los fallecidos.
Falta saber de qué manera se emplearán los recursos disponibles y la celeridad a la hora de ejecutar las faenas necesarias. Luego vendrán las obras de reconstrucción en que tienen su esperanza muchas familias golpeadas, y en un lugar que evite nuevas desgracias similares. No puede insistirse en quebradas, laderas de cerros u otros sitios inseguros.
Claramente hay que dedicarse con voluntad y decisión inquebrantables al objetivo central, que es poner nuevamente de pie a incontables grupos familiares tocados por la desgracia. Ello es de momento lo más importante, aunque haya que postergar otras necesidades que aparecían prioritarias, porque los pobres no se merecían un mazazo tan brutal: merecen al menos una vivienda de emergencia muy luego, y en seguida una casa definitiva.
Ha coincidido la tragedia con la convocatoria presidencial al Cosena, en que tienen participación las FF.AA.. Ahora que el panorama ha cambiado, el país espera que los militares que se vean en las calles constituyan un efectivo aporte a lo que se debe realizar hoy: trabajo con maquinaria adecuada para el retiro de escombros, despeje de calles, limpieza general y un acercamiento de apoyo a los damnificados.
No hay espacio en estos días para otras materias que estaban en primer plano, como la ley corta de las Isapres que vienen de recibir un salvavidas en el Senado ni acerca de las pensiones de gracia a los manifestantes del estallido social que sufrieron graves violaciones de sus derechos humanos. El poder legislativo solo debe sumar leyes en favor de quienes lo perdieron todo.
La tarea no es fácil ni podrá llevarse a cabo en un tiempo menor. Las pérdidas materiales por este terrible desastre en la Región de Valparaíso se estiman en más de mil millones de dólares, lo que alterará seriamente el presupuesto nacional.
Chile vive con frecuencia sucesivas y dramáticas emergencias o pasa a menudo de una crisis a otra, de lo que pareciera no haber aprendido mucho. Esta emergencia y la crisis actual deben ser superadas con prontitud, con voluntad política y la solidaridad de todos, no más allá de los próximos meses, esto es, dentro de este año.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
hugoalcayagaperiodista@gmail.com
