El crimen organizado tiene larga data
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Contrariando a determinados sectores acostumbrados a mentir con descaro, lo cierto es que el crimen organizado que hoy está en primer plano no es nuevo en Chile, no partió en esta época ni en este gobierno, ni siquiera tres o cuatro años atrás, sino que tiene larga data: apareció hace medio siglo, el mismo día del golpe de Estado y el inicio de la sanguinaria dictadura militar – empresarial.
Sus comienzos están marcados por el régimen de horror que asoló al país desde el 11 de septiembre de 1973, encabezado por el dictador supremo que contaba con la fuerza de las armas como único argumento y su condición de omnipotente homicida para determinar con perversión quien o quienes por pensar distinto no tenían derecho a seguir viviendo.
El capitán general del genocidio, de limitada capacidad intelectual, creía que estaba en guerra con el pueblo y lanzó en su contra los servicios de “inteligencia” como eran la Dina y luego la CNI, brazos ejecutores de los asesinatos que ordenaba contra las clases populares que permanecían aterrorizadas ante el exterminio masivo de compatriotas para “salvar” a Chile del marxismo internacional.
Desde la mañana del martes 11 y desde el insólito bombardeo a La Moneda, el terrorismo de Estado se tradujo en una atroz violación de los derechos humanos. A diario había asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas, con premeditación, alevosía y absoluta impunidad, todo bien organizado, planificado y ejecutado sin dejar rastros. Las víctimas únicamente contaban con la Vicaria de la Solidaridad, cuya labor logró poner a salvo muchas vidas.
Muerto el presidente constitucional y sus colaboradores en campos de concentración, fue prioridad de la tiranía descabezar los partidos y movimientos populares. El 5 de octubre de 1974 el líder del MIR, Miguel Enríquez, cayó abatido por una patrulla militar que llegó hasta la casa que ocupaba en la calle Santa Fe, comuna de San Miguel. En esos momentos Enríquez era considerado un peligro para el pinochetismo.
A mediados de 1975 desapareció el trabajador portuario de Valparaíso, Exequiel Ponce, que en la emergencia había asumido la jefatura del PS, que entonces era socialista. En mayo del año siguiente se produjo la desaparición de Víctor Díaz, secretario general del PC, detenidos por agentes de la Dina en la casa de amigos en el barrio alto de Santiago, donde trataba de ocultarse ante la arremetida contra dirigentes y militantes de ese partido.
Dolorosas masacres enlutaron a Chile: la Caravana de la Muerte, la Operación Cóndor, la Operación Colombo, Corpus Christi, entre otras. Hubo otros casos dramáticos, como el de los degollados y los quemados vivos, los “suicidios” que no eran tales y las ejecuciones por la espalda a quienes se aplicaba una presunta ley de fuga. Murieron violentamente más de 5 mil compatriotas, incluyendo cerca de 1.400 detenidos desaparecidos. Muchos de ellos lanzados al mar. La memoria no olvida esta creación de la dictadura: el crimen organizado se cometía tras una cuidadosa planificación, con impecable ejecución y sin dejar huellas. Tenía como cómplice a las empresas El Mercurio y Copesa – los mismos diarios del duopolio que circulan hoy – que no tenían interés en buscar la verdad, no indagaban el origen de tantas muertes, no había investigación periodística alguna y los asesinatos eran atribuidos a “confusos incidentes” sobre los cuales no valía la pena preocuparse.
Hoy los delincuentes comunes solo replican los crímenes de la dictadura y se ven reflejados en los delincuentes de uniforme que actuaban a las órdenes del capitán general y de la llamada “junta de gobierno” estructurada fuera de la ley y sin base constitucional. En medio del caos existente la impunidad fue total en la larga pesadilla pinochetista.
Aún más oficiales de las fuerzas armadas y carabineros que perpetraron graves violaciones de los derechos humanos contra compatriotas a los que ni siquiera conocían, fueron premiados por los altos mandos y continuaron ascendiendo en su carrera profesional. Nada alteró la carrera castrense de muchos criminales, y se sabe de tenientes y capitanes que llegaron a la edad de jubilar en calidad de coroneles o generales sin inconveniente alguno.
Los delincuentes de estos días tienen muy en cuenta que la justicia cuando tarda demasiado deja de ser tal. El militar Pedro Barrientos fue traído al país 50 años después de haber asesinado a Víctor Jara, luego de haber permanecido oculto en Estados Unidos. El oficial Juan Cheyre, hace poco fue condenado por su condición de cómplice del homicidio de 15 jóvenes en La Serena como parte de la Caravana de la Muerte en octubre del 73.
Tantos homicidios y balaceras identifican hoy a la extrema derecha, porque les da pie para demandar que se convoque al Cosena, con protagonismo de las FF.AA., y trata de exigir que el país quede en estado de excepción en forma permanente. Su sueño es ver de nuevo a militares en las calles, patrullando y causando pánico en la población subordinando a las clases populares, deteniendo gente a destajo e imponiendo otra vez la fuerza y el poder de las armas, convertidos en “autoridad”.
Mienten los que dicen que actualmente se están cometiendo delitos que antes no se conocían y también los que tratan de desviar la atención atribuyendo la oleada de hechos delictuales a los participantes del estallido social en 2019. Durante la rebelión popular no hubo crimen alguno contra las fuerzas represivas, ni siquiera ninguno de los uniformados represores perdió la vista total o parcialmente. Solo es un agravio más contra el pueblo, siempre menospreciado por la minoría ricachona que quisiera ver siempre a los pobres acallados, humillados y ojalá en la cárcel. Por lo demás, el pueblo no dispone de armas ni de vocación, ni está acostumbrado a quitar la vida a nadie, como otros.
Los que en este tiempo manejan el crimen organizado actúan a imagen y semejanza de la dictadura: aprendieron de su legado criminal con impunidad y replican los homicidios con armas de fuego en la vía pública, las balaceras, los secuestros y encerronas, como en aquella época negra de la historia. Es necesario que hacia ello apunte el combate contra los hechos de sangre y los delitos que provocan conmoción pública que están alterando y enturbiando la vida de los chilenos.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
