Aprobación en el Senado de la Ley Corta de Isapres: Sala da vía verde a alza de planes de hasta un 41%

El Senado de la República dio un paso en el ámbito de la salud al aprobar en general la Ley Corta de Isapre, un proyecto enviado por el gobierno con el objetivo de implementar el fallo de la Corte Suprema. Dicho fallo ordena a las aseguradoras de salud restituir los cobros en exceso y aplicar una nueva tabla de factores para sus afiliados.

Con un respaldo mayoritario de 40 votos a favor, una única objeción por parte del senador Rojo Edwards, y una abstención del senador Fidel Espinoza (PS), el proyecto ahora avanza a la fase de discusión en particular en la Cámara Alta. Se espera que, una vez culminada esta etapa, el proyecto sea remitido a la Cámara de Diputados para su revisión, que tendrá lugar después del receso legislativo de febrero.

La propuesta de la Ley Corta de Isapre se estructura en tres ejes fundamentales que buscan modernizar y mejorar el sistema de salud en el país. En primer lugar, se contempla la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) para Fonasa, con el objetivo de actualizar y optimizar el funcionamiento de esta entidad.

Además, se propone fortalecer la Superintendencia de Salud (SIS), otorgándole mayores capacidades de fiscalización sobre las isapres, con el fin de velar por el cumplimiento de las normativas y proteger los derechos de los afiliados.

El tercer eje aborda modificaciones en la normativa de las isapres, estableciendo condiciones para que estas cumplan con las sentencias y, al mismo tiempo, garanticen la continuidad de las coberturas para sus afiliados. Este enfoque busca mantener a las isapres como actores fundamentales en el sistema privado de salud, pero bajo un nuevo marco normativo.

La aprobación en general fue recibida con satisfacción por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien expresó que el gobierno se encuentra «muy contento» por el respaldo obtenido y la posibilidad de avanzar en la legislación con un amplio apoyo.

Sin embargo, la discusión en particular ha revelado dos puntos de extrema gravedad. Uno de ellos se refiere al numeral 13 del proyecto, el cual autoriza un nuevo ajuste en los precios base de los planes de hasta un 41%. Este punto, que fue objeto de rechazo en la Comisión de Salud del Senado, ha generado debate y preocupación entre los legisladores. Así, la derecha en su defensa de las isapres ha dicho:“la anomalía jurídica que han generado los fallos de la Corte Suprema porque ha emitido sentencias de efecto general dando pie a un activismo judicial”. Respecto a los cálculos de la deuda, éstos comentaron que “debería haberse corregido el valor de la base del plan considerando un grupo mixto (…) Mientras más grande es la deuda, más grande será la quiebra del sistema (…) El problema del Ejecutivo es político no jurídico”.

Desde la otra vereda, se recordó que esta crisis se generó en la sobre judicialización provocada en el alza de los precios bases y de las primas GES impuesta por las aseguradoras “de manera unilateral”, situaciones que fueron cuestionadas ante la justicia por los pacientes.

En la misma línea, se comentó que “aprobar este proyecto sin la fórmula de ajuste (alza de precios base), significará la quiebra de la industria y eso en ningún caso significa un perdonazo a la industria”, por el contrario, “se trata de asegurar la atención de los pacientes que se quedarán sin atención y a ellos se debe garantizar el derecho a elegir dónde atenderse”.

Otro argumento esgrimido en Sala, fue la urgencia de evitar que las compañías traspasen el pago de la deuda de los excedentes a sus cotizantes, esto porque “se ha abierto la ventana para que las Isapres puedan alzar sus planes base (…) No podemos apoyar normas que solidarizan la deuda (…) No puede haber salvataje ni perdonazo (…) Se requiere un compromiso del Gobierno para que se ponga un tope a las alzas”.

La semana pasada, senadores de la oposición propusieron indicaciones para reducir la deuda de las isapres, planteando la posibilidad de mutualización para hacer el sistema más viable. Argumentan que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no garantiza la sostenibilidad del sistema, y proponen una reducción significativa a través de compartir costos y riesgos.

El senador Sergio Gahona (UDI) enfatizó la importancia de ajustarse a lo resuelto por la Corte Suprema y criticó el proyecto gubernamental por transferir costos a los afiliados. La senadora DC Yasna Provoste, aunque respalda la ley corta de isapres, expresó su rechazo a la solidarización de la deuda y a iniciativas que permitan legalmente incrementar los planes de las isapres.

Luego de las intervenciones, la Sala aprobó la idea de legislar, la que recibió 40 votos a favor, uno en contra y una abstención. Tras ello se procedió a votar las enmiendas presentadas visándose diversas materias, entre ellas:

Lamentablemente se aprueba esta noche tanto el alza de planes sin límite como la mutualización. No cabe duda que el lobby de las isapres ha sido feroz! He votado en contra en coherencia con lo que he venido planteando. Es un abuso inaceptable! pic.twitter.com/ddPKBeVMau

— Iván Flores García (@ifloressenador) January 30, 2024

Mutualización de la deuda: “para el cálculo de dicha deuda, cada Isapre deberá calcular para la totalidad de los contratos que cada una administraba al 30 de noviembre de 2022, la diferencia entre el monto efectivamente cobrado y lo que hubiese cobrado si todos sus afiliados y beneficiarios hubieran empleado la Tabla Única de Factores. Dicha diferencia corresponderá el cobro en exceso que realizó cada Isapre. Dicho cobro en exceso, se distribuirá a prorrata entre los afiliados cuyos pagos fueron superiores a los que se hubieran realizado de haberse empleado la Tabla Única”.

Senadores opositores presentaron esta indicación para incorporar el criterio de mutualización de la deuda, es decir, la posibilidad de prorratearla.

En primer lugar, se respaldó la admisibilidad de la enmienda y luego, se aprobó su contenido con 23 a favor y 20 en contra. Tras ello los senadores Yasna Provoste y Daniel Nuñez hicieron reserva de constitucionalidad.

La jornada de discusión en particular se presenta como un escenario clave, donde el enfoque estará puesto en resolver estos desacuerdos y avanzar hacia una legislación que equilibre la estabilidad financiera de la industria con la protección de los derechos y opciones de los afiliados al sistema de salud. La atención se centra especialmente en el numeral 13 y en la propuesta de mutualización como posibles soluciones para los desafíos planteados.