Esto no nos hace ninguna gracia
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Cuando el año pasado anduve de turista por estos lados del mundo, la derecha había estado agitando el tema de los indultos concedidos por el gobierno como una manera de desacreditar sus acciones y al mismo tiempo instalar en la opinión pública la idea que esos indultados no eran más que una banda de delincuentes. El guión se ha repetido en estos días con el caso de las pensiones de gracia a las víctimas de la represión policial durante el estallido social. Los argumentos son muy similares y apuntan a los mismos objetivos: desacreditar al gobierno y poner a todos los beneficiarios de esas pensiones en la misma categoría: criminales. Ese simplismo en las argumentaciones se ha estado machacando todos estos días por los medios de comunicación, especialmente la televisión, en manos de la derecha.
Sin embargo, en todo esto hay aristas dolorosas que deben ser asumidas también, tanto por el gobierno como por la izquierda. Una vez más—como en el caso de los indultos—hubo una notoria desprolijidad al momento de adjudicar esos beneficios. Eso, por cierto, no debe oscurecer lo que fueron los hechos que motivaron el otorgamiento de esas pensiones: durante el estallido social, a consecuencia de la represión policial desatada, efectivamente hubo muchas víctimas, sin duda las más emblemáticas, aquellas que sufrieron daño ocular, incluso en algunos casos con el resultado de ceguera. Eso no puede desconocerse ni mucho menos denigrar a esas víctimas, asimilándolas a las prácticas ciertamente irregulares detalladas por el informe de la Contraloría General de la República.
Por otro lado hay interrogantes abiertas que deben ser abordadas de manera honesta y sin autoengaño. ¿Cómo es que entre esos beneficiarios hubiera gente con antecedentes criminales? Esto necesariamente nos lleva a tener que recalcar un hecho conocido, pero no siempre debidamente analizado ni criticado desde la perspectiva de la izquierda: la participación, a veces dominante, del lumpen en lo que fueron esas jornadas del estallido social.
Como se debe recordar, el estallido social fue inicialmente un movimiento espontáneo de grupos estudiantiles protestando por el alza del transporte público. “No son treinta pesos, sino treinta años” se señalaba en lo que probablemente fue la caracterización política más exacta de la revuelta.
Prontamente al movimiento se fueron sumando otros sectores, aunque ello no alteró su rasgo inicial, su carácter espontáneo y sin conducción ni de los partidos tradicionales ni tampoco de los nuevos que habían surgido en la izquierda. Tampoco hubo una conducción de parte del exiguo movimiento sindical. En ese contexto el momento más glorioso—si así podemos llamarlo—es el de la masiva y pacífica manifestación del 25 de octubre de 2019, antesala de lo que auguraba ser un auténtico movimiento de masas persiguiendo objetivos bien delineados: educación y salud de calidad, no más AFP y una nueva constitución. (A meses de cumplirse cinco años de ese singular momento en la historia reciente de Chile, es triste constatar que ninguno de esos objetivos se materializó, lo que nos debería llevar a concluir que el estallido social fue a la vez un gigantesco despertar de una población buscando sacudirse de décadas de injusticia, y al mismo tiempo, un gigantesco fracaso).
Las revelaciones de gente con antecedentes criminales recibiendo pensiones de gracia nos indican que al menos parte de quienes protagonizaron ese estallido social (a veces la parte más impactante por sus actos), fueron elementos del lumpen. Por cierto, esto es algo que se sabía, no estamos diciendo nada nuevo al respecto, sólo que ahora las evidencias se hacen más claras.
Siempre dijimos, al menos en los sectores más racionales de la izquierda, que acciones como la quema de estaciones de metro, trenes de la red de metro y buses, aparte de la destrucción de semáforos y la virtual transformación del otrora emblemático barrio de Plaza Italia en una suerte de zona de guerra, con negocios saqueados, iglesias quemadas y muros y monumentos pintarrajeados y vandalizados, eran algo ajeno a la cultura política de la izquierda. Quienes fuimos fogosos manifestantes callejeros en los años 60 del siglo pasado siempre tuvimos la suficiente conciencia y formación política como para saber que si destruíamos un bus dejábamos a la gente de a pie y si rompíamos un semáforo creábamos un foco de accidentes que en definitiva iba a perjudicar al pueblo. Los oligarcas tienen su propios clubes privados donde pueden disfrutar de áreas verdes, pero si rompíamos un banco o los juegos infantiles de un parque, era a la gente del pueblo a la que perjudicaríamos. Si quemábamos un kiosco o saqueábamos un pequeño negocio era a gente modesta a la que dañaríamos—y de paso convertiríamos en enemigos acérrimos de la izquierda—por eso nunca hicimos tales barbaridades que sí se hicieron por parte del elemento lumpen que hizo parte y a veces muy decisiva, en el estallido social.
Un dato muy importante, pero al que no se la ha dado la importancia que tiene, es que un número no pequeño de esas pensiones que han sido cuestionadas por la Contraloría fue concedido por el gobierno de Sebastián Piñera, una indicación que ya entonces esos elementos del lumpen que habían participado del estallido social consiguieron mediante sus propios contactos políticos con las autoridades de entonces, acceder a esos beneficios. Esto corroboraría lo ya denunciado: durante el estallido social, especialmente en las acciones más violentas e irracionales, hubo participación de infiltrados. Algunos pudieron haber sido agentes policiales, pero ciertamente ninguna fuerza policial tiene suficiente mano de obra para cubrir tantas manifestaciones en todo el país. En esas circunstancias los elementos del lumpen siempre han sido muy útiles y la derecha entonces recurrió a ellos. Una práctica que por lo demás es muy vieja.
Para el gobierno la enseñanza en este nuevo episodio que la derecha va a explotar al máximo, es ser más vigilante cada vez que se repartan beneficios de un modo más o menos discrecional: revisar una y otra vez las listas, chequear con los registros de antecedentes penales, y sólo una vez que las cosas estén muy claras, proceder. Parece de Pero Grullo, pero si no se quiere perder apoyo ciudadano, es la única manera para que no sigan dándose estas situaciones embarazosas que no nos hacen gracia alguna.
Por Sergio Martínez
(temporalmente en Ñuñoa, Chile)
