Pensiones de gracia a víctimas del estallido: Debate intenso y polémica por antecedentes penales
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 53 segundos
El panorama político en Chile se ve envuelto en una intensa discusión sobre las pensiones de gracia, desatada por un proyecto de modificación de la ley que rige el otorgamiento de este beneficio por parte del Presidente de la República. Las tensiones se agudizan tras la revelación de un informe de Contraloría que señala irregularidades en la asignación de estas pensiones, especialmente a personas con antecedentes penales, lo que para el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil es totalmente injusto.
Proyecto de la Derecha: Límites y Transparencia
Este martes, diputados de la derecha presentaron un proyecto para modificar la ley que regula las pensiones de gracia, iniciando así un debate en el que se busca limitar la discrecionalidad en la entrega del beneficio y promover la transparencia en su concesión. Encabezado por la diputada UDI Marlene Pérez, este proyecto fue aprobado por mayoría en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
El objetivo declarado es evitar la entrega del beneficio a solicitantes con antecedentes penales, una medida que ha ganado respaldo especialmente entre sectores políticos de la derecha, que presionan al Gobierno para reconsiderar este beneficio.
Informe de Contraloría y la Presión Política
El informe de Contraloría, divulgado este jueves, revela que de las 419 personas cuyos derechos se vieron vulnerados durante las protestas del 18 de octubre de 2019, 58 cuentan con antecedentes penales. Este hallazgo ha intensificado la presión sobre el Gobierno para revisar y posiblemente anular estas pensiones.
No obstante, hasta el momento, el Gobierno no ha presentado ninguna indicación al proyecto, lo que deja la puerta abierta a un debate que, según algunos, busca «igualar beneficios» y que ha generado críticas, especialmente desde quienes defienden la permanencia de Punta Peuco, la cárcel VIP para violadores de derechos humanos.
Posturas del Partido Comunista: Del Tribunal Constitucional a una Retracción
En respuesta, diputados del Partido Comunista (PC) inicialmente consideraron recurrir al Tribunal Constitucional e incluso a tribunales internacionales si avanzara la medida. Sin embargo, el Presidente del PC, Lautaro Carmona, retractó estos dichos, afirmando que el partido no acudirá a tribunales internacionales y ve poco probable que sea necesario llegar a esa instancia.
«No es un tema que esté planteado en nuestra cabeza ni en nuestras prioridades ni en nuestras diligencias», aseguró Carmona.
Opinión del Abogado Jorge Correa Sutil: Injusticia y Burla a la Ley
En este contexto, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil ha expresado su opinión sobre la polémica. En entrevista con El Mostrador, Correa Sutil señaló que condicionar la pensión a la ausencia de antecedentes penales es injusto, especialmente cuando se trata de víctimas. Para el exsubsecretario del Interior y miembro de la Comisión Rettig, es un principio básico en Occidente que las víctimas tengan reparación.
Correa Sutil destacó que el Informe Rettig no revisó antecedentes penales de las víctimas para calificarlas como tales. Enfatizó que si el daño es provocado por agentes del Estado, este debe ser reparado por el propio Estado, sin importar la condición moral de la víctima. No obstante, advirtió que las irregularidades en la asignación de pensiones de gracia deben ser penalizadas, ya que representan un mal uso de los fondos del Estado.
La polémica sobre las pensiones de gracia en Chile continúa generando intensos debates y tensiones políticas, marcando un punto clave en la discusión sobre derechos y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Síguenos:
1
0
20
Aladino Solar says:
Si esa ley s aprueba debe ser aplicada a todas las personas q la ley ya a condenado y q s haya jusgado x los tribunales y haya recibido pension d gracia debiendo x lo tanto devolver lo pagado
Serafín Rodríguez says:
¿Qué diferencia hay entre que la policía apalee, detenga arbitrariamente, desnude y ultraje a un par de mujeres que se manifestaban gritando consignas contra el gobierno y una resultó ser una distinguida académica y la otra una ex maestra lesbiana que había sido condenada por abuso sexual de varias alumnas? ¿Es que una es más —o menos— ser humano que la otra frente a la agresión de la policía? ¿Es que una merece reparación estatal y la otra no? Y en el plano judicial, ¿es que un tribunal debería ordenar pago de compensación a una y no a la otra? Por supuesto, otra cuestión completamente distinta es la acreditación de víctima, pero en cuanto al tema de igualdad ante la ley e igualdad de derechos, una buena parte de la población está definitivamente enferma en el país.