Desde el año 2018 la “administración chilena ha establecido exigencias adicionales para la entrada y estadía regular de determinados colectivos de extranjeros, como las visas consulares a personas haitianas y venezolanas, las que, debido a su baja concesión, extensa tramitación y burocratización, han incidido en una mayor irregularidad y vulneración de los desplazamientos”, indica Martina Cociña, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales (ICSo) de la UOH.
En Chile, sostiene “faltan políticas públicas en migración que comprendan la movilidad humana como un fenómeno sociocultural total, que debe abordarse desde un enfoque de derechos, promoviendo la inclusión sociocultural de las personas. En ese sentido, el Estado de Chile se encuentra al debe”.
La Doctora Cociña explica que uno de los cambios importante del último tiempo, es la modificación del marco normativo, esto debido a que el 12 de febrero de 2022 comenzó a regir la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley N° 21.325) que derogó la anterior regulación (Decreto Ley 1.094 de 1975), “una normativa anacrónica, restrictiva y sustentada en el enfoque de Doctrina de la Seguridad Nacional”, asegura. A los cambios se suma la dictación de la nueva Política de migración y extranjería, en julio de 2023.
En relación al ámbito laboral, la investigadora manifiesta que “estudios en la materia develan que quienes migran, por regla general, experimentan trabajos precarizados, mal remunerados y segmentación laboral, en términos de que pueden solo acceder a determinados tipos de empleos como servicios, construcción, trabajo doméstico, entre otros, con independencia de que cuenten con mayor cualificación”.
Asimismo, Martina Cociña, subraya que -más allá de conceptualizar la migración desde una lógica instrumental, que legitime la presencia migrante por la contribución que puede generar en el país de destino- “cabe entender la movilidad humana como lo plantea Javier de Lucas, esto es, como ‘res política’, es decir, una cuestión política, que se debe tratarse desde el prisma de los derechos, comprendiendo que las personas, por el mero hecho de ser seres humanos, debieran tener garantizado derechos”.
Por último, la investigadora concluye que atendido “el convulso y complejo panorama regional, los países de Latinoamérica deberían trabajar de manera conjunta en una propuesta regional para gestionar la movilidad humana, entendiendo que los desplazamientos de personas no son dinámicas aisladas y/o que se resuelven con políticas nacionales, sino que requieren la cooperación regional e internacional”.
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Teórica y eticamente impecable , pero en la práctica, una migración desproporcionada inter- países pobres puede ser muy injusta : Colombia , Perú y Ecuador tiene altas tasas de desempleo , subempleo y pobreza , ¿ qué impacto habrá provocado la llegada de millones de venezolanos allí ? ( mientras países ricos con casi pleno empleo restringen sus fronteras ). Y Chile tiene 1,5 millones de inmigrantes ,oficialmente : en proporción al tamaño de cada economía, equivalen a 75 millones en EEUU (que tiene 45 millones)