Sentencia de la Corte Suprema: Condena al Estado a indemnizar a matrimonio detenido y torturado junto a hija de meses
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En un fallo unánime que marca un precedente significativo en materia de derechos humanos, la Corte Suprema ha acogido el recurso de casación en el fondo, condenando al fisco a indemnizar con un total de $130.000.000 a un matrimonio junto a su hija lactante, quienes fueron detenidos y sometidos a torturas en la Comisaría de San Vicente de Tagua Tagua en septiembre de 1973.
En el caso, la Segunda Sala del máximo tribunal determinó un error de derecho en la sentencia impugnada emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, al haber acogido la excepción de cosa juzgada. El fallo de la Corte Suprema establece la obligación del Estado de cumplir con las normas sobre derechos humanos, haciendo hincapié en el deber de los órganos estatales de respetar y promover estos derechos, tal como lo establece la Constitución Política de la República y los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile.
La resolución destaca la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos y la necesidad de aplicar el derecho interno en armonía con dichas normas internacionales. Se argumenta que negar la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos compromete la responsabilidad internacional del Estado y priva a los afectados de su derecho a la tutela judicial efectiva.
El tribunal enfatiza que, pese a fallos previos que declaraban prescrita la acción indemnizatoria contra el Estado, la excepción de cosa juzgada debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivada de tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales tienen jerarquía superior en la legislación chilena.
La sentencia de reemplazo confirma la decisión de condenar al Fisco de Chile a pagar $50.000.000 a uno de los demandantes y $30.000.000 a la hija de la pareja, reconociendo así la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos fundamentales de esta familia.
Este fallo de la Corte Suprema representa un hito relevante al reafirmar la obligación del Estado de garantizar la reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, demostrando la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el sistema legal chileno.
