Corte Suprema condenó a 32 exagentes de la DINA por secuestro calificado del jardinero Jorge Olivares Graindorge
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La justicia ha emitido un veredicto importante. La Corte Suprema, en un fallo unánime (causa rol 122.171-2020), ha condenado a 32 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su implicación en el delito consumado de secuestro calificado del jardinero Jorge Alejandro Olivares Graindorge. Este crimen tuvo lugar a partir del 27 de julio de 1974 y su nombre figuró entre las 119 víctimas de la operación de desinformación internacional conocida como “Operación Colombo”.
El fallo estableció un error de derecho en la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvía a los agentes involucrados en funciones operativas y como guardias en el recinto de Londres 38, exonerándolos de responsabilidad en los hechos probados.
La Segunda Sala del máximo tribunal condenó a siete individuos a 10 años de presidio como autores del delito y a otros 25 individuos a 5 años y un día como autores del mismo.
El tribunal consideró que los absueltos incurrieron en errores de derecho al estimar que la prueba de cargo era insuficiente, pese a la evidencia que indicaba su pertenencia a la DINA y su presencia en el cuartel donde estuvo privada de libertad la víctima, ejecutando conductas que se encuadran en el delito de secuestro calificado.
La sentencia reitera que el delito de secuestro no se limita únicamente al acto de detener o hacer desaparecer, sino que abarca acciones que privan a una persona de su libertad, impidiéndole ejercer su facultad de moverse libremente.
Además, los jueces determinaron que los hechos ocurrieron en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil, considerando los delitos como crímenes de lesa humanidad, atentando contra normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario.
El fallo establece la responsabilidad de los acusados, miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Carabineros de Chile y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, tras ser trasladados a la DINA, participaron en operativos represivos contra aquellos opuestos al régimen instaurado, ejecutando detenciones y traslados contra la voluntad de las personas al centro clandestino conocido como ‘Londres 38’.
En el ámbito civil, se ratificó la sentencia que condena al fisco a pagar una indemnización a cada uno de los demandantes.
Este fallo de la Corte Suprema marca un hito en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, subrayando la responsabilidad y condena a aquellos que participaron en crímenes atroces contra la población civil.
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Felipe Portales says:
¡Bien por la verdad y la justicia! Sería importante, sí, poder conocer el listado de los agentes condenados.